La Sala Civil de Niños, Niñas y Adolescentes de la  provincia de Santo Domingo ha recibido  en cinco años 27,800 conflictos que afectan a menores, la mayoría por matrimonios que se disuelven y cuyas parejas se pelean por la guarda y manutención de los hijos.

De estos casos,  350 expedientes están a la espera de ser conocidos por el tribunal.

El juez de esta sala civil, William Encarnación, atienne el tribunal desde su creación. Este es el único tribunal que posee la provincia con mayor población del país para atender los casos civiles que atañen a los  menores de edad.

Casi todas las parejas que se separan y que procrearon hijos se pelean en los tribunales por decidir quién se quedará con la autoridad parental.

El régimen de la alimentación es otro de los temas de conflicto en los matrimonios que se terminan.

Los jueces de menores tienen su agenda cargada también de temas relacionados con adopción de menores de edad.

El tribunal de menores trabaja prácticamente las 24 horas del día.

La provincia de Santo Domingo, que tiene escasez de  salas civiles ordinarias, necesita también tribunales para los casos de menores de edad.

La población de los siete municipios de la provincia de Santo Domingo no cuenta con una Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes.

En el  2003 se implementó una corte para menores, pero no se ha puesto a funcionar.

Las autoridades del Poder Judicial argumentan que la falta de tribunales es un problema de dinero.

La puesta en funcionamiento de nuevos tribunales es uno de los retos que tienen los cinco jueces del recién integrado Consejo del Poder Judicial, que preside el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa.

Los tribunales de menores  trabajan regidos por la Ley 136-03, llamada a   garantizar  el disfrute pleno de  sus derechos fundamentales. Esta ley obliga al Estado, a la sociedad,  a la familia y a las organizaciones sociales a velar por su seguridad.

Prohibe la explotación laboral, sexual y todo tipo de daño al menor.