Un tribunal federal mexicano anuló ayer una inhabilitación por cuatro años para recibir contratos públicos impuesta a la empresa Odebrecht, la cual a su vez ha solicitado a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) una “solución alterna e integral” que le permita realizar pagos voluntarios.
El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa invalidó la inhabilitación impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP), argumentando que la Unidad de Responsabilidades en Pemex Transformación Industrial se negó a expedir copias certificadas del procedimiento a los abogados de Odebrecht.
El tribunal consideró que no haber entregado los documentos violó el derecho de defensa adecuada de la constructora, por lo que dejó sin efectos las decisiones tomadas a partir del 5 de septiembre de 2017, que tendrá que ser repuesto para que Odecrecht pueda defenderse de nueva cuenta. Una vez que se realice este trámite, la Unidad de Responsabilidades, que depende de la SFP, resolverá si se impone a la empresa la misma sanción, si la modifica o si se cancela. La inhabilitación había sido impuesta por ocasionar daños a la empresa estatal Pemex. Respecto al fallo judicial, que ordena reponer el procedimiento en una de las cuatro inhabilitaciones impuestas a la empresa, la SFP emitió un comunicado en que reafirmó su “respeto a las determinaciones de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo que dicha sentencia será atendida en todos sus términos».