Tribunal impone seis meses de prisión preventiva a militares acusados de traficar con armas

Tribunal impone seis meses de prisión preventiva a militares acusados de traficar con armas

El Tribunal de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo impuso un año de prisión, como medida de coerción, a seis de siete militares acusados de ingresar al país unas 220 armas de fuego con apariencia lícita.

La medida fue dictada en contra del general de brigada de las Fuerzas Armadas Bienvenido Cordero Batista, director general de Material Bélico del Ministerio de Defensa; el teniente coronel del Ejército Félix Francisco Pérez Artilles, encargado del depósito de las Armas del Material Bélico, y el mayor del Ejército Esteban Marrero Ruiz, quien era el enlace entre la Intendencia del Material Bélico y el Ministerio de Interior y Policía.

También deberá cumplir la medida el capitán del Ejército Francisco Mercedes Medrano, encargado de archivo y confección de las tarjetas y formularios de entrada de armas de fuego a la Intendencia del Material Bélico; el primer teniente de la Policía Nacional José Miguel Torres Rodríguez, encargado de las Armas de fuego de la de la uniformada que están en la Intendencia del Material Bélico, y el coronel del Ejército Pedro Manuel Guzmán Escarramán, propietario de una Armería que supuestamente se encargada de introducir al país y comercializar en el mercado todas las armas que se encontraban en los formularios alterados.

Una nota de prensa señala que en cuanto al primer teniente del Ejército Edwin Rafael Almonte Camacho, asistente del director General de la Intendencia del Material Bélico, le fue aplazado el conocimiento de la medida de coerción, hasta que la Corte disponga y le asigne un nuevo juez, debido la recusación hecha por sus abogados al juez García, considerando previo el conocimiento de la medida, a una solicitud de amparo hecha por el acusado ante el Tribunal Constitucional.

La fiscalía de Santo Domingo asegura poseer suficientes elementos de pruebas con las que demostrará en juicio de fondo la responsabilidad penal de los imputados.

El Ministerio Público le ha asignado a los hechos la calificación jurídica de violación a los Artículos 295,304 y 309 del Código Penal Dominicano.

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