El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió el recurso de amparo interpuesto por los propietarios de una ferretería invadida sin documentación judicial ni declaratoria de utilidad pública, por parte de las empresas constructoras Odebrech e Ingenieria Estrella, el Ministerio de Obras Públicas, apoyadas con fuerzas  policiales.

En su decisión, el TSA otorgó un plazo de 24 horas a las empresas para que retiren sus equipos pesados de Ferretodo Industrial, al comprobar que la acción no contó con sustento judicial y que en la misma se atropelló a los propietarios y empleados, quienes fueron golpeados  y apresados sin orden judicial alguna.

Igualmente el TSA fijó una nueva audiencia para el 14 de enero a fin de que los abogados de Obras Púbicas, Odebrech  e Ingeniería Estrella puedan depositar documentos de defensa a su postura.

Los hechos se iniciaron el domingo 15 de noviembre (día no laborale) cuando  equipos pesados excavadores  que destruyeron en el parqueo de Ferretodo Industrial,  ante lo cual los dueños se opusieron, siendo atropellados por fuerzas policiales y posteriormente detenidos sin orden judicial.

El ministerio de Obras Públicas y las dos empresas constructoras se hicieron representar por sus abogados. Llamó la atención de los abogados de Ferretodo Industrial que la Procuradora Fiscal, se pusiera del lado del Ministerio de Obras Públicas y las empresas constructoras  en lugar de los derechos de los afectados.

Los hechos fueron registrados en video y fotografías que resultaron, de acuerdo con los abogados Norberto Fadul Paulino  y Manuel Oviedo Estrada, fundamentales para probar en el TSA, la realidad de las violaciones al derecho de propiedad y el maltrato a los afectados.

Los propietarios de Ferretodo Industrial, César Díaz López y Jhovanny Díaz,  interpusieron un recurso de amparo por ante el TSA, tribunal que conoció el caso el pasado jueves y tomó su decisión, que implica la paralización de los trabajos de la construcción del elevado  en los terrenos de Ferretodo Industrial.

El doctor Fadul Paulino dijo que el Tribunal tomó la decisión adecuada que garantiza la  vigencia de la  ley  respecto de los derechos humanos y la vigencia del artículo 51 de la Constitución de la República que garantiza la propiedad privada.