CARACAS. El máximo tribunal venezolano dio marcha atrás ayer a adjudicarse las facultades del Parlamento dominado por la oposición, luego de que la medida desatara divisiones dentro del chavismo y fuertes críticas de la comunidad internacional. Sin embargo el presidente de la Asamblea, el opositor Julio Borges, advirtió «No ha habido cambios (…). La sentencia es la culminación de un golpe de Estado que no se corrige tachando un párrafo», afirmó durante una concentración de opositores en Caracas.
Acusado de servir al gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «suprimió» partes de dos sentencias, incluido un punto que confería amplios poderes al presidente Nicolás Maduro. La decisión resultó de un acuerdo entre los poderes públicos -excepto el Legislativo- convocados por Maduro para zanjar diferencias horas después de que la fiscal general, Luisa Ortega, cercana al chavismo, denunciara que los dictámenes suponían una «ruptura del orden constitucional».

El presidente del TSJ, Maikel Moreno, negó por su parte que los dictámenes hayan «despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo han disuelto o anulado». En un comunicado leído ante representantes del cuerpo diplomático, Moreno sostuvo además que el TSJ «reconoce la inmunidad parlamentaria como garantía de la actividad legislativa, con las limitaciones» que fija la Constitución.
El pasado martes, el TSJ asestó un golpe a la Asamblea al retirar la inmunidad de los diputados.