Considerada una valiosa institución de la educación superior, forjadora de generaciones de profesionales meritorios, opción ideal para el ingreso a la vida académica de diversos estratos, la Universidad Autónoma de Santo Domingo proyecta de todos modos en tiempos modernos una imagen de la que debe librarse con el concurso de todos su sectores, uniéndose para exigir respeto y eficiencia en su acontecer. La impresión de que minorías revoltosas interrumpen la docencia con facilidad y sin sentido, a veces con injerencia de encapuchados violentos, causa desaliento en quienes ya están matriculados o contemplan hacerlo. Durante años, en ocasiones, las autoridades universitarias han hecho esfuerzos por evitar esas eventualidades sin lograrlo.
Periódicamente, y por testimonios de contendientes en la lucha por dirigir a la Universidad, salen a relucir testimonios sobre alegados excesos de empleados y privilegios salariales aireados en debates que llevan a suponer que en la UASD, como en el Estado mismo, el clientelismo cumple un papel. De hecho, agruparse en función de banderías o ideologías ha estado al uso allí desde siempre. La vieja y respetada universidad del Estado, que aspira a mayores recursos y probablemente los necesita, debería transparentarse; hacer más visible su forma de administrarse. Confirmar por esa vía, si es el caso, que invierte y gasta con eficiencia lo que recibe.

Retormar a buen paso el camino

El motivo para retrasar la aprobación de leyes sobre elecciones y partidos radicaba en indecisiones del peledeísmo sobre primarias abiertas o cerradas que ya desaparecen como estorbo a un proceso institucional de interés nacional. Una insensatez, además, por pretender, en conflicto con la Constitución, elecciones internas con enorme empleo de recursos materiales y humanos para obligar a todo el mundo a ir a las urnas en un mismo día. Los partidos deben administrar sus conflictos respetando a los demás para que no repercutan por largo tiempo contra el ejercicio legislativo y político. Y tampoco deben abusar de su condición mayoritaria para frenar agendas legislativas. La meta de fortalecer la democracia con las legislaciones previstas está críticamente retrasada y no deben aparecer más empeños unilaterales para seguir negándoselas al país.