Hace ya bastante tiempo, lo que por supuesto no le quita validez, cuando se discutía o reclamaba que el Estado debería soportar económicamente a los partidos políticos como parte del costo de la democracia, cosa que a la postre se oficializó, se alegó que los partidos, al igual que cualquier otra entidad, desde que pasa a ser financiada por el Estado, con fondos provenientes del erario, automáticamente se convierten en entidades vinculadas con el resto de la sociedad.
El planteamiento de entonces se fundamentaba en que dichas entidades, al ser financiados con aportes de los ciudadanos, por provenir dicho financiamiento del Presupuesto General de la Nación, todos los ciudadanos estarían vinculados, directa o indirectamente, con dichas organizaciones. Y que por lo tanto, todos los ciudadanos podrían tener algún derecho frente a ellos en sus determinaciones.
En aquellas circunstancias no se habló sobre lo referente a Convenciones abiertas o cerradas. Pero sí se expuso, que los partidos, al pasar a formar parte del Presupuesto Nacional, se verían en la obligatoriedad de ajustarse a una serie de pre requisitos. Y que, en cierto modo, podrían perder alguna autonomía. Alegándose que ya no pertenecerían exclusivamente a sus miembros, sino que los partidos corrían el riesgo de pertenecer a todos y cada uno de los ciudadanos que tributan. En referencia directa al financiamiento estatal de los mismos.
El tema de convenciones abiertas o cerradas, que ha provocado fricciones y opiniones contrarias a lo interno de los partidos, me ha impulsado a reintroducir dichas opiniones en interés refrescar las memorias.
Lo hago además, porque tal vez aquellas opiniones externadas hace un tiempo, podrían servir de base, para que ahora, luego de un tiempo prudente, se analice fríamente, si los aportes presupuestarios que reciben los partidos políticos, como cualquier otra organización, aunque lleven el nombre o apellido de ONG, los vincula con el resto de la ciudadanía, o si les mantiene el derecho de autonomía de elegir a sus dirigentes o aspirantes, exclusivamente entre sus miembros.
¿Qué podría surgir de este ejercicio? Que si resulta discutible o amerita mayores análisis legales o constitucionales, esa vieja idea de que los aportes presupuestarios vincula a los partidos, no solo con su membresía, sino con el resto de la ciudadanía, otorgándoles a todos los ciudadanos la categoría de accionistas o miembros pasivos con derecho a decidir sobre ellos, que a partir de ese análisis, se pueda estudiar una medida que elimine el factor que a juicio de los expertos pudieran considerarse vinculantes con los que no son miembros de dichos partidos.
Porque una vez eliminado el financiamiento a los partidos, nadie, absolutamente nadie podrá continuar apoyando la idea de que las convenciones sean abiertas. Porque cuando los partidos no formen parte del presupuesto nacional, sino que operen como las demás organizaciones gremiales, religiosas, clubes o compañías, que son soportadas económicamente por sus miembros, solo ellos, sus miembros, tendrían derecho a elegir y ser elegidos.
Pero mientras ocurra como ahora, siempre aparecerá algún leguleyo con argumentos que no dejan de ser discutibles o analizables.