Un buen paso del Gobierno

República Dominicana asumió finalmente la posición que le correspondía junto a los países del hemisferio que, constituidos en mayoría, se niegan a reconocer los resultados de las elecciones más recientes en Venezuela en las que no pudo participar el grueso de la oposición; aplastada por un régimen que no oculta la fiereza de su decisión de retener el poder aunque deba recurrir a las balas y no vaciló temprano en anular el poder parlamentario basado en el voto popular. La democracia ha estado en descalabro en la patria de Simón Bolívar, país sumido en un desastre social y económico además de político.
Miles de venezolanos están lanzados a un éxodo hacia todas direcciones porque su calidad de vida se ha ido al suelo, con el índice inflacionario más elevado de toda la historia y un azote de la escasez que incluye alimentos, medicinas y los más diversos bienes de consumo. El Gobierno dominicano, que se esforzó por ser un ente mediador entre el régimen y sus perseguidos contradictores a los que acogió para que superaran su confrontación, no podía continuar en una neutralidad que la dictadura venezolana aprovechó para ganar tiempo desgastando al enemigo y para el intento de construirse una imagen de conciliación mientras en la realidad seguía golpeando a su nación con un discurso socialista que se aparta totalmente de los modelos progresistas que tienen éxito hoy sin desmembrar sociedades.

En defensa de los enfermos

Los dominicanos pagan precios exageradamente altos por los medicamentos disponibles en el mercado, en total desventaja con otros países del entorno, incluyendo aquellos que registran unos niveles de ingresos más elevados, algo que dicho nada más y nada menos que por el superintendente de Salud y Riesgos laborales (Sisalril), Pedro Luis Castellanos, no necesitaría mayor comprobación. Esto refuerza con sello oficial las denuncias sobre los duros efectos que sufre la gente en sus bolsillos cuando enferma. Ha faltado transparencia alrededor de los factores de costo de gran parte de las medicinas de precios prohibitivos que proceden de industrias locales, tal como da a entender el funcionario que sale en defensa de quienes más padecen por las alzas, de entre los cuales a diario surgen a la luz pública peticiones de dádivas para enfrentar problemas de salud.