Puede suponerse que la primera condición que acompañe cada ley sea presentar claridad y precisión en su texto. Certeza en su mandato. Lo mismo podría decirse sobre lo insoslayable de llenar requisitos en el proceso de aprobación. Ese no parece ser el caso del Código Penal promulgado con observaciones de cierta ambivalencia en algo controversial como es la penalización y/o reglamentación de excepciones para la interrupción del embarazo. Se ha escuchado a auténticos especialistas del Derecho que aceptan y defienden lo legislado; otros de la misma categoría opinan lo contrario. Y los entes que desde un principio han debatido con vehemencia los alcances de las observaciones expresan en diversos grados respaldos u objeciones, cada uno por su lado.

¿Puede una buena ley dirigir a la sociedad si permite a los que deben acatarla cierta amplitud para interpretarla al actuar? ¿Qué es eso de “salvar ambas vidas hasta donde sea posible? ¿Quién medirá y fijará el alcance de las posibilidades? Todo parece conducir a la conclusión de que la ciencia y quienes la ejercen, inmersos en la complejidad de disyuntivas sobre vivir o morir, deben, inevitablemente, tener la última palabra sin atender otras consideraciones. Se nos está diciendo que ni las normas legales ni las exigencias de los dogmas y creencias están para dirigir a los médicos al llegar a los últimos y decisivos momentos en esa materia.

MUJERES ENTE LUCES Y SOMBRAS

El Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), calcula que las mujeres del país son castigadas por el desempleo en mayor proporción que los hombres, mientras representan el 64% de toda la matrícula universitaria. Además reciben un tratamiento salarial inferior en un 27.5%. Paradójicamente es creciente su presencia en el mercado laboral; y en áreas importantes son mayoría en las nóminas.

Se da un agudo desbalance en el acceso a empleos y debería establecerse si lo causan prejuicios de empleadores o un déficit de demanda de mano de obra calificada para las que se prepara el sector femenino. El Estado debería tener respuesta para esta desigualdad con políticas contra el discrimen y a favor de la generación de puestos de mejores dividendos para la sociedad, accesibles tanto a hombres como a mujeres.