A los ayuntamientos debe asistirle la facultad de crear arbitrios para obtener legítimamente ingresos que procedan de personas y razones sociales que hagan negocio en sus jurisdicciones. Ellos necesitan fuentes de recursos para resistir la carga de servicios que prestan a sus munícipes. Procede robustecer a los gobiernos locales en justa y democrática distribución del poder ciudadano ahora restringido. Pero en todos los casos convendría mucho que la potestad municipal de gravar actividades de producción, comercio y transporte se ejerciera con pleno sentido de la proporcionalidad para que al aplicar tasas a potenciales contribuyentes no se incurra en exageraciones que desincentiven y espanten la inversión privada. La creación de un clima hostil a iniciativas creadoras podría dejar a los cabildos sin lo poco y sin lo mucho al mismo tiempo.
En el conflicto generado por los arbitrios dispuestos por el municipio de Vicente Noble que paralizan un proyecto energético de 33 millones de pesos lo que más conviene es que las partes superen el tranque con recíprocas concesiones. Debe reconocerse que los ayuntamientos tienen menguados sus ingresos porque el Estado no cumple con darles la participación presupuestal a que le obliga la ley; y que además, el Gobierno Central usurpa los renglones del campo impositivo que por naturaleza corresponden a los organismos edilicios aplastados por la centralización.

Que la verdad salga a relucir

Hasta ahora no cabe otra deducción: el guardián sospechoso de participar en un asalto en Santiago fue ejecutado estando ya esposado en un auto oficial. Decir que se suicidó por un «descuido» es pretender burlarse de la inteligencia humana; pero además sería una reincidencia en cometer asesinatos contra prisioneros en manos de la Policía demostrados con fotos y videos por varios años.

Una investigación independiente que arroje un resultado de absoluto crédito, debe decir si con este caso prosigue o no el empeño de combatir la delincuencia igualándose a ella en irrespeto a los derechos humanos, aplicando una pena de muerte inadmisible desde todo sentido, y no solo por constituir una flagrante violación al Estado de derecho; para después quejarse del desprestigio que esto trae.