Retomamos las inquietudes del obispo de la Iglesia Episcopal Dominicana Julio César Holguín, acerca del alto costo de las escuelas que construye el Gobierno, para proponer que la supervisión en torno a ese aspecto haga énfasis en las circunstancias y precios relacionados con la adquisición de terrenos por parte del Estado. El detalle es importante porque existen denuncias persistentes en el sentido de que gente ligada al oficialismo se estarían dedicando a adquirir terrenos a bajo precio para venderlos al Gobierno a precios muy por encima de los que pagaron al comprarlos. En algunos casos ha sido necesario incurrir en grandes gastos para rellenar terrenos pantanosos y estabilizarlos para que puedan soportar las obras.

Es oportuno recordar que en marzo del 2013 la Contraloría General de la República (CGR), el CODIA y el Instituto de Contadores Públicos Autorizados (ICPARD) firmaron un acuerdo mediante el que se crearía un mecanismo de consultoría, supervisión y asesoría para el proyecto gubernamental de construcción de planteles escolares. La supervisión sugerida por el obispo Holguín sería materia propia para el equipo de trabajo a que se refiere el acuerdo. Las obras del Estado resultan generalmente más costosas que las privadas, y hemos señalado un posible factor de encarecimiento, basado en operaciones deshonestas que estarían enriqueciendo a unos cuantos a costa del erario.

Feminicidio: una herida social

Nada de hechura oficial ha podido contener los ímpetus de la violencia de género. Así, en los primeros seis meses de este año se han producido 45 feminicidios, superando en 18 las cifras de igual período de 2013. Y el procurador Francisco Domínguez Brito, que cataloga estas ocurrencias como situación de emergencia, revela el dato estremecedor de que ninguna de las mujeres asesinadas había presentado querella contra su agresor.

Es posible que las víctimas no acudieran a querellarse porque no recibieron o percibieron amenaza letal previa. Pero también es posible, y muy preocupante por cierto, que aún bajo amenaza, la mujer descartara la querella porque este procedimiento no ha salvado de la muerte a otras mujeres. La efectividad de las políticas públicas contra este mal social está en entredicho. Hay que trabajar más y mejor por la protección de la mujer.