El Plan Nacional contra la Violencia de Género, presentado ayer por la Procuraduría General de la República, despierta en esta sociedad, abrumada por los feminicidios y otras agresiones de esta tipología, la expectativa de que el Estado ha decidido dar una respuesta integral a este fenómeno indeseable y doloroso. A juzgar por la amplitud de aristas a cubrir, tanto en el orden de la prevención como de la acción oportuna, el programa podría ayudar a enfrentar en sus raíces las causas del desprecio por la vida de la pareja envuelta en relaciones insostenibles y muy deterioradas.

En sus principales aspectos, el programa presentado estará enfocado a la acción con medidas concretas y con visión integral, como forma de enfrentar los delitos relacionados con la violencia de género, para procurar reducir los feminicidios. El hecho de que el programa esté fundamentado en diagnósticos y estudios del fenómeno social de la violencia de género y la delincuencia, mejora las expectativas de acierto que puedan tener las autoridades.

En este país, las cifras derivadas de la violencia de género son dramáticas. Causa justificada alarma que esas cifras van en aumento de una manera indetenible. Hacía falta una acción de respuesta del Estado ante este trastorno tan grave. La sociedad debe apoyar el Programa nacional contra la Violencia de Género y contribuir a su éxito.

La fiebre no está en los uniformes

Ahora hablamos de cambiar los uniformes escolares como si con ese gasto -unos RD$600 millones- se fueran a resolver los problemas de calidad de la enseñanza. Es difícil convencer a alguien de que es necesario hacer ahora un cambio de vestimenta del que al parecer no se enteró a tiempo a las mipymes que confeccionan ropa escolar para el Estado y que ahora no sabrían qué hacer con los inventarios de telas y materiales que utilizarían en las confecciones del viejo diseño.

Tampoco se habría tomado en cuenta que la asignación de colores por regiones chocaría con la movilidad de miles de estudiantes que se desplazan de una región a otra por conveniencias familiares. Hasta demostración en contrario, el cambio de uniformes no aporta calidad a la educación, pero generaría gasto innecesario y pérdidas.