A confesión de parte, relevo de pruebas”, dicen los abogados como máxima jurídica altamente conocida y proclamada.
En junio del 2017, el ingeniero Juan Temístocles Montás y Domínguez admitió haber recibido recursos económicos de parte del distribuidor de los sobornos de la empresa brasileña, empresario-lobista Ángel Rondón, para el financiamiento de las campañas electorales del expresidente Leonel Fernández y del actual presidente Danilo Medina. Específicamente, Montás afirmó que recibió los fondos para las campañas electorales de los años 2008, 2012 y 2016.
Pero resulta que ahora, el señor procurador general de la República, lo deja fuera del expediente del sonado caso de soborno ODEBRECHT, por lo que nadie con su sano juicio, entiende lo que ocurre en y con la Justicia dominicana.
Pero no solamente en el caso del señor Montás, la población se siente engañada y burlada. Por ejemplo, el movimiento Participación Ciudadana consideró “inaceptable” el expediente presentado por la PGR, en el que solo sometió a siete implicados, y enviando a archivos provisionales los expedientes de otros ocho acusados en los denominados sobornos de ODEBRECHT.
Mientras que por otro lado, el legendario dirigente de izquierda Narciso Isa Conde aseguró que en el caso ODEBRECHT, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, obedeció las órdenes del presidente Danilo Medina.
Asimismo, diversos sectores de la vida nacional han proclamado su indignación ante el fallido expediente. Y qué decir de Marcha Verde, que de inmediato instaló un campamento permanente frente al edificio que aloja a la SCJ y la Procuraduría, para llamar la atención a la población para que rechace el fallido expediente.
¿En qué se puede concluir? Que los funcionarios del PLD juegan con el pueblo dominicano. ¿Hasta cuándo? Eso sabrá la población hasta dónde podrá soportar tantas bellaquerías.