CARACAS. AFP. Un millar de estudiantes opuestos al gobierno venezolano volvió a las calles de Caracas este viernes de manera pacífica en una nueva jornada de protesta, mientras sectores oficialistas preparan una marcha «contra el fascismo» para el sábado.

Con banderas y pancartas en rechazo a la violencia y al gobierno de Nicolás Maduro, centenares de estudiantes se congregaron en la Plaza Altamira, en el este de Caracas y sitio habitual de protestas antichavistas, y bloquearon varias calles en homenaje a sus compañeros muertos en los disturbios del miércoles y para pedir la liberación de los detenidos.

«Estamos acá para exigir la libertad de los estudiantes y porque ya no podemos vivir en tanta violencia», declaró María Correia, de 20 años, estudiante de la Universidad Santa María, en la marcha que se desplazaba hacia la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Durante la mañana, en el oeste de Caracas, centenares de personas velaron los restos del activista prochavista Juan Montoya, muerto en los disturbios del miércoles. En una cancha de fútbol de Guatire, un suburbio de Caracas, se dio el último adiós al joven Bassil da Costa, uno de los fallecidos el miercoles en las filas opositoras.

El titular de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Juan Requesens, reconoció que ya fue liberado el 60% del centenar de estudiantes detenidos.

Hace once dias grupos de estudiantes y opositores al gobierno iniciaron en ciudades de provincia marchas contra la inseguridad, la inflación y la escasez de productos.

Caracas fue escenario el miércoles de la mayor protesta contra el presidente Nicolás Maduro, quien asumió hace diez meses tras la muerte de Hugo Chávez, con incidentes que dejaron tres muertos, decenas de heridos y un centenar de detenidos.

Además de balaceras aisladas y enfrentamientos a pedradas, grupos de manifestantes quemaron neumáticos, atacaron la sede del Ministerio Público en Caracas, tras lo cual fueron reprimidos por policías con bombas lacrimógenas.

Maduro, que este viernes tiene previsto presentar un «plan de pacificación» y el sábado participará en una marcha chavista en Caracas «por la paz», calificó la violencia como un «golpe de estado en desarrollo» de grupos de ultraderecha vinculados con algunos partidos de la oposición. Esta atribuyó al gobierno la responsabilidad de los disturbios.

«Las manifestaciones de los estudiantes pusieron en evidencia la crisis global, estructural, en términos polítIcos y económicos que vive Venezuela», explicó el sociólogo Ignacio Ávalos.

La televisión venezolana, según una ley sancionada años atrás, se abstuvo de difundir imágenes de los incidentes y el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, órgano gubernamental regulador de empresas audiovisuales, había recordado el riesgo de sanciones para aquellos medios que hagan «promoción de la violencia».

En un mensaje por cadena nacional el jueves Maduro acusó a medios extranjeros de manipular informaciones, entre ellos a la agencia AFP, y dijo que su gobierno decidió quitar del aire al canal colombiano de noticias NTN24.

Disenso opositor. La táctica de protestas para pedir la salida de Maduro, impulsada por un sector de la oposición, ha sido calificada como golpista por el gobierno. También genera reticencias en entre drigentes de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), entre ellos su líder y excandidato presidencial Henrique Capriles.

«Vamos a canalizar el descontento, pero yo no les voy a mentir, las condiciones no están dadas para presionar la salida del gobierno», declaró Capriles el jueves.

Luego de los incidentes la justicia venezolana ordenó el arresto de opositores, entre ellos el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, bajo cargos de asesinato, entre otros, aunque sus abogados dijeron no haber recibido notificación alguna.

López es uno de los tres dirigentes que impulsan ocupar las calles bajo la consigna «La salida» para oponerse al gobierno, que ganó las presidenciales de abril y refrendó con mayor margen en las municipales de diciembre.

Varias organizaciones multilaterales, como la ONU y la OEA, pidieron que se enjuicie a los responsables de los ataques, y países como Estados Unidos y Panamá manifestaron su preocupación por lo ocurrido.

Países aliados de Caracas, como Cuba, Argentina, Bolivia y Nicaragua, se solidarizaron con el gobierno venezolano y rechazaron la violencia.

Venezuela, con las mayores reservas petroleras del mundo, enfrenta una inflación anual de 56,3% y un índice de escasez que en enero alcanzó a uno de cada cuatro productos básicos. La violencia criminal deja entre 39 y 79 homicidios anuales cada 100.000 habitantes, según estadísticas oficiales o de ONG.