No es necesariamente política de estado o voluntad de nuestros gobernantes que unos subalternos, de cualquier nivel, área, institución o fuerza del Estado, desobedezcan leyes, malversen fondos públicos, o toleren actos reñidos con los mayores intereses nacionales de la nación. Ni es necesariamente la voluntad personal de mandatarios que unos jueces se adulteren sentencias, y a voluntad liberen sentenciados. Ni que sea robado medio presupuesto en una carretera, escuela u hospital.
Tampoco es necesariamente la voluntad de los gobiernos que haitianos indocumentados penetren sin control por la frontera; como tampoco es necesariamente parte de una política de estado que conjurados roben propiedades del CEA, o cualquier otro patrimonio público; o que cualquier vecino se apodere de un tramo de acera o de calle para instalar una agencia de automóviles, un restaurant, un taller, “drinker”, colmadón, tienda de buhonero o fritanga.
Desde muy temprano en nuestra historia, salvo la época del tirano y acaso alguna otra excepción; el Estado ha tenido notables debilidades respecto al control de la cosa pública, y respecto a la capacidad de negociación frente a poderes extranjeros y grupos oligárquicos nacionales; similarmente también respecto a bandas y grupos “irregulares” contrarios al poder legítimamente constituido, según dicha legitimidad haya existido alguna vez.
Pero es cosa de gobiernos recientes la situación de debilidad del Estado frente a gremios y pandillas de abusadores de la cosa pública y depredadores del ordenamiento social, que hacen lucir penosamente débiles a gobiernos elegidos por voluntad mayoritaria.
No olvidemos los alzamientos de indígenas y cimarrones en nuestras montañas, ni las desobediencias civiles de poblaciones costeras que llevaron, por ejemplo, a las devastaciones de Osorio y a otras medidas pacificadoras extremas. No es por casualidad que el mayor tirano del siglo pasado fuera cómplice y beneficiario del desarme de la población criolla por parte del ejército de ocupación, y de la desactivación de Sánchez y Puerto Plata como puertos principales del país, la desarticulación del tren interprovincial y el direccionamiento de las tres carreteras principales hacia el puerto de Santo Domingo, asiento del tirano, al tiempo que se dejaban sin intercomunicación al Este y al Sur respecto del Cibao y Noroeste. Una estrategia de dominación del imperialismo del siglo pasado en todo el subcontinente.
Los gobiernos nacionales tienen que ubicarse estratégicamente en el plano doble de los intereses y conflictos internos y externos, y elaborar políticas autónomas para poder gobernar de acuerdo a las leyes y los valores del sistema democrático. Por lo cual, estando en una situación endémica de alta vulnerabilidad estructural, nuestros gobiernos no se pueden dar el lujo de cometer pecados que los obliguen a humillarse a intereses internos o externos.
También nos amenazan intereses dubitables, ocasionalmente disfrazados de derechos humanos e institucionalismo; valores, ciertamente, que deben ser fortalecidos por el estado-sociedad, en base a una voluntad popular no manipulada por ningún poder fáctico interno o externo, asalariados o apandillados.