Hoy 
El Presupuesto General del Estado para 2013 tenemos que aceptarlo como un elemento de transición entre dos estilos de Gobierno muy diferentes entre sí, a juzgar por el manejo dispendioso y poco transparente de la administración antecesora y el estilo frugal y austero de la actual administración. Es la transición desde la resistencia a invertir un 4% del PIB en educación, al cumplimiento, pese a las limitaciones, del mandato constitucional que así dispone.
Del mismo modo, el presupuesto tiene por objetivo atenuar el déficit fiscal derivado del gasto público en la ejecución hasta agosto de este año, que el Fondo Monetario Internacional ha calificado de que fue excesivo y poco transparente. Eso significa que se procura lograr un saneamiento de la economía para ajustarla a parámetros realistas y acordes con las necesidades.
El hecho de que las dependencias oficiales, centralizadas y autónomas deberán sujetarse a ejecutar lo consignado en sus respectivos presupuestos sin pretender asignaciones extraordinarias, significa un paso que deja atrás un esquema muy diferente al anterior. Vistas las cosas desde este prisma, hay que convenir que el presupuesto 2013 le impone al Gobierno y sus instituciones el compromiso de garantizar una óptima calidad del gasto para salir del déficit fiscal y orientar la economía hacia un crecimiento realista y sano.
Haciendo a la vez ley y trampa
La Cámara de Diputados tiene la facultad de participar en la hechura de la ley, y ahora, con su actitud, se arroga la potestad de hacer la trampa. Así, con apego a sus atribuciones, participó en la hechura de la ley 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública, que es un paso de avance en nuestro Estado de Derecho. Pero ahora se siente en el derecho de hacer trampa contra esa misma ley, al negarse a divulgar datos administrativos solicitados de pleno derecho por un ciudadano.
No hay manera de entender cómo un organismo que hace la ley se resiste a cumplirla y decide mantener en clandestinidad su nómina de asesores y otros datos administrativos que son, por mandato de ley, de libre acceso para los ciudadanos. ¿Cuáles motivos puede tener la Cámara de Diputados `para cometer un acto de ocultamiento que la identifica como ente que tanto hace la ley como la trampa?
