A la hora de construir un análisis del desempeño de Roberto Rosario al frente de la Junta Central Electoral podríamos incurrir en el equívoco de personalizar lo que representa la noción de control absoluto como eje de dominio institucional. En esencia, los modelos de dictaduras perfectas que se instauraron en una parte del continente reformularon la concepción primitiva de los históricos caudillos para dar paso a formalidades democráticas en capacidad de aparentar reglas de pluralidad y equilibrio, pero en el fondo, imponían voluntades partiendo de mayorías electorales.
Apelando a la participación en los procesos y legitimando expresiones diversas sin ninguna potencialidad se simuló ante la comunidad internacional competencias de que, desde siempre, garantizaron resultados favorables a la fuerza partidaria en capacidad de montar el espectáculo democrático. Así le patentizaron sus resultados y exponentes opositores edificaron un singular sentido del confort porque generaron ventajas de toda índole alrededor de pactos y contubernios con la franja ganadora.
Nadie discute la legitimidad de las autoridades nicaragüenses, venezolanas y bolivianas. El dilema está en la igualdad de las otras expresiones políticas en el marco de competencias desequilibradas. Podría resultar irónico, y vale la pena apuntarlo: tanto en Corea del Norte como en Cuba celebran “elecciones”. Inclusive, bajo prédicas de carácter ideológico, sus apologistas discuten su esencia participativa y popular ante un modelo desnaturalizado por la fuerza del dinero. ¡Por Dios!
El calco del sentido hegemónico implementado en otras latitudes, comenzó a tomar un matiz local en la medida que la fuerza electoral peledeísta entendió la dinámica de un Estado todopoderoso que le creció su capacidad asistencialista, y pudo bajo el discurso de la solidaridad, edificar control absoluto de franjas ciudadanas insertas en sus políticas de ayudas como estrategia de crecimiento hábilmente traspasada desde el año 1996.
Entender el control político del PLD obligaba a ir de la masificación a la toma de los resortes de la institucionalidad electoral. Por eso, el exponente de ese proceso de partidarización del órgano electoral garantizaba resultados políticamente convenientes. No obstante, toda esa arquitectura creó una autoridad singular en Roberto Rosario debido a que en sus 14 años en la Junta Central Electoral conoció todos los vericuetos del funcionamiento interno, dándole una excelente capacidad para demandar flexibilidades y tolerancias que le hicieron sentirse una pieza insustituible, no por las destrezas adquiridas sino por los secretos conocidos y travesuras implementadas.
Los excesos administrativos que se atribuyen a Roberto Rosario durante su gestión sólo eran posible por sus grados de validación frente al partido. Además, su reconocida militancia encausó sus pasos a conseguir “resultados” que garantizaron una larga estadía en el gobierno, y más allá, debido a que muchas actuaciones institucionales sirvieron de mecanismos de legitimación a las estrategias de penetración y control en organizaciones tomadas por el oficialismo para lanzar hacia el confort y contubernio a expresiones partidarias disminuidas en el corazón de la ciudadanía, pero oficialmente dirigidas como instrumentos del tinglado de control y dominio que ejerce el PLD.
Las licencias tomadas por el ex presidente de la JCE para dejar una abultada deuda de 2,400 millones de pesos, la impugnación de la licitación sobre el documento de identidad personal, el incremento en el contrato con la compañía INDRA, la fascinación por construir una imagen por vía de cooptar a una red de comunicadores y el permitir que su oficina de abogados llevara igualas en instituciones públicas retratan un rosario de excesos inimaginables.
Afortunadamente, la sanción en la sociedad no se puede ocultar. Falta el encausamiento en la formalidad procesal porque debemos borrar el hábito malsano de olvidar a gente que, a fuerza de complicidad y protección política, espera que nada le alcance. Cumpliré con mi responsabilidad ciudadana!