El proceso que debe llevar a una ley para elecciones más justas y contraria a la supremacía que suele ejercerse desde el Estado en los comicios, está torpedeado por lineamientos de un sector. Pretenden primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Otras organizaciones partidarias se oponen a ello, incluyendo una parte importante del propio peledeísmo desde el que surje el obstáculo. El tiempo se agota y los próximos y complejos comicios tendrían que llevarse a cabo sin la reforma imprescindible para perfeccionar la democracia. Puede que persista el tranque que inquieta a la opinión pública por deberse a una unilateralidad contraria al libre juego de las ideas dado que la aprobación de la nueva legislación, con o sin primarias forzadas, necesita un apoyo mayoritario, incluyendo el de los promotores de la fórmula que la mayoría no acepta.
Por un esfuerzo sectario de retener el poder, el asunto sería ganar ganar. Si no hay reforma, la Junta Central Electoral tendría que batallar con medidas administrativas sin alcance penal contra el uso de recursos de Estado y contra los desequilibrios en la difusión de publicidad pagada. El dinero seguiría siendo capaz de decidir elecciones. La institucionalidad sería golpeada sin descartarse que la constitucionalidad quede expuesta nuevamente a intentos de modificar al vapor la Carta Magna, restándole vigencia y permanencia solo para autorizar la reelección, algo inaceptable.

Innecesario recurso letal

En casi todo el mundo, incluso aquí, la ley da un tratamiento especial a los menores de edad que delinquen, protegiendo sus identidades para dar una segunda oportunidad a las existencias jóvenes, vistas como rescatables para la sociedad. Se les recluye aparte de la cárceles tradicionales y reciben penas que son para reeducarlos. El acto brutal de dispararle mortalmente a uno de ellos porque trataba de fugarse niega toda consideración a la minoría de edad.
Así acaba de ocurrir en el centro de detención de menores “Ciudad del niño”. Un adolescente que la propia ley consideraba razonablemente que podía ser reintegrado a la libertad, tras algún mal paso, recibió un plomazo que puso fin a toda esperanza de vida decente que el Estado (al que sirve aquel que disparó) abrigaba con esta víctima más de los uniformados de gatillo alegre.