La consolidación de instituciones del Estado ha sido retardada por decisiones impuestas por poderosos intereses partidarios en confrontación, la más de las veces, con otros sectores, políticos o no, preocupados por el destino de esta nación. Dos reformas constitucionales pro reelección recientes fueron paridas al vapor, contra viento y marea, doblegando voluntades o comprándolas en fomento al transfuguismo. Significativos vacíos de normas para fortalecer la democracia se han debido a consensos de cúpulas que no quieren transparencia. Cero ley para poner límites al ejercicio partidario. Cero ley de organización electoral más avanzada.
El 4% para la educación fue negado en total sordera a reclamos nacionales por una sola voluntad política y se necesitó una sola voluntad política para que excepcionalmente fuera aceptado en beneficio del país y de las propias autoridades que dieron ese paso. Con las reformas eléctrica y fiscal ocurren también estados de congelación bajo criterios retardadores de origen político; y como obedeciendo a un único patrón de la misma procedencia, la justicia defrauda al no juzgar o no condenar algunas indelicadezas. También está frenada la reforma policial. Existe además un increíble retraso en la actualización de leyes respecto de la Constitución, lo cual depende también de lo que dispongan o no líderes partidarios. Un poder concentrado sobre estructuras públicas impone su agenda.

Vale sancionar incumplimientos

La presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte de Barrios, insiste en que el Ministerio Público debe proceder ante las violaciones a la ley que obliga a los funcionarios a formular declaraciones juradas sobre sus patrimonios, 1,277 de los cuales están en falta en estos momentos. La procuradora anticorrupción, Laura Guerrero, considera que se trata de inobservancias disciplinarias sin enriquecimiento ilícito para las que no tiene competencia.
La omisión debería ser tratada como un irrespeto al orden jurídico y al organismo de Estado que vela por la pulcritud en el manejo de recursos públicos. Percibir el incumplimiento como algo secundario equivaldría desde ya a cantar un Requiescat in pace al maltratado mecanismo de rendición de cuentas. Un triunfo más para quienes prefieren ejercer cargos sin transparencia.