Ante la situación generada en torno a la empresa brasileña Odebrecht, tras los procesos de investigación y persecución realizados en varios países, el presidente Danilo Medina designó ayer una Comisión para indagar todo lo concerniente al proceso de licitación y adjudicación de la obra Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC).
Las pesquisas que realizará la Comisión, creada mediante 06-17, se llevará a cabo de manera paralela a la que hace el Ministerio Público.
La Comisión, creada por el mandatario, está integrada por monseñor Agripino Núñez Collado, presidente del Consejo Económico Social y representante de la Iglesia Católica, quien la preside.
La integran, además, el reverendo Juan Alberto Reynoso Cabrera, pastor evangélico; Pedro Brache, presidente electo del Consejo Nacional de la Empresa Privada y el empresario José Luis Corripio (Pepín).
Además Gabriel del Río Doñé, secretario general de la Confederación Sindical Clasista; Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia; Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios; los exvicepresidentes de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Celso Marranzini y César Sánchez. De igual modo, el economista Jaime Aristy Escuder.
Los comisionados fueron informados por el presidente Medina vía comunicaciones individuales, en la cual reitera su compromiso con la honestidad y la defensa de la justicia.
Los detalles de la medida presidencial fueron ofrecidos por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien estuvo acompañado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, en rueda de prensa efectuada en el salón Orlando Martínez del Palacio Nacional.
En el referido decreto, el presidente Medina hace referencia que las “prácticas indebidas” por parte de Odebrecht ha generado legítimos reclamos en la opinión pública nacional para que se investigue la actuación de dicha empresa en el país dado el número de obras adjudicadas a la misma desde el año 2001 hasta el 2014.
Indica, además, que con el fin de rendir cuentas al pueblo dominicano sobre el proceso de licitación y adjudicación de la referida obra resulta necesario e idóneo nombrar una comisión integrada “por personas independientes del Gobierno y con probadas credenciales personales y profesionales de la sociedad dominicana, para que lleve a cabo una investigación sobre dicho proceso, la cual deberá actuar con toda libertad y sin condicionamiento alguno por parte del Gobierno y sus instituciones”.
El presidente Medina estimó, además, que por ser responsabilidad de su administración es prioritario que se investigue todo lo que concierne al proceso de licitación y adjudicación de la referida obra, sin ningún tipo de limitaciones.
Plena potestad. El artículo 2 del referido decreto, el presidente Medina dejó claro que los integrantes de la Comisión tendrán plena potestad para investigar a todos los funcionarios que desee investigar, así como a los representantes de las firmas profesionales participantes en el proceso de licitación y adjudicación junto a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

Licitación. En el referido proceso de licitación la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales se asistió de las firmas internacionales y nacionales: Manatt, Phelps y Phillips, LLP, Pereyra y Asociados, y Russin y Heredia Bonetti, las cuales prepararon la estructura y la base legal.
También la firma francesa BNP Paribas Securities Corp, con el apoyo de las firmas dominicanas Deloitte DR, y la Fundación Economía y Desarrollo, INC, las cuales tuvieron a su cargo la evaluación económica de la oferta.
Además la empresa estadounidense Stanley Consultants, Inc y la empresa chilena Proyersa Energía, S.A, que estuvieron encargadas del diseño y elaboración de las especificaciones técnicas para la licitación, así como de la evaluación y aprobación de las ofertas técnicas.