Al formular observaciones a las modificaciones hechas por el Congreso al Código Penal, el Presidente Danilo Medina ha dado una muestra de que, a la hora de ponderar derechos humanos, se sitúa por encima de los dogmas y actúa con la necesaria y pertinente independencia. Sus observaciones a los artículos 107, 108, 109 y 110 de esa ley, que se refieren expresamente a las restricciones y calificación penal del aborto, están basadas en el hecho de que en esa parte del Código Penal no se precisan las situaciones excepcionales que por poner en juego derechos fundamentales de toda mujer embarazada, constituyen el derecho a la vida y a la salud, el respeto a su dignidad humana y su integridad psíquica y moral.

El Presidente señala las graves consecuencias que se desprenderían para la mujer y el personal de salud si se mantuvieran las restricciones de la interrupción del embarazo sin anotar los casos excepcionales, en un país que tiene altos índices de muerte materna por causas que incluyen el aborto. La Cámara de Diputados, a la que fue devuelta la ley con las observaciones, deberá hacer las correcciones de lugar y salvar toda la parte útil del trabajo que se ha hecho para lograr una actualización del Código Penal. El derecho a la vida de la madre quedaba en un grave entredicho con la cláusula que ataba las manos del médico a la hora de decidir si salvar a la mujer embarazada o dejarla morir con la criatura.

PIFIAS PUESTAS EN EVIDENCIA 

Las irregularidades del Banco Peravia eran conocidas por las autoridades hace bastante tiempo. Había denuncias o querellas formalizadas ante el Ministerio Público, por clientes que se sentían burlados en sus intereses, y algunos llegaron a quejarse por extorsión. La Fiscalía alega no haber actuado en consecuencia por petición de la Superintendencia de Bancos (SIB), que habría estado haciendo esfuerzos por salvar el banco. Y entre la espera de la Fiscalía y la fallida gestión de la SIB, ha llegado la debacle que todos conocemos.

Estas disparidades, que inclusive facilitaron la salida del país de los ejecutivos del Banco Peravia, dan a entender que las autoridades, de uno y otro lado, subestimaban lo que estaba ocurriendo con el dinero de los depositantes. Parece que hay de por medio negligencias que dieron lugar a una crisis que está perjudicando a los desdichados depositantes. ¿Quién pagará por esas pifias?