El Poder Legislativo tiene que jugar un papel de control y fiscalización sobre otras áreas del Estado ordenados por la Constitución o la custodia a bienes y la vigilancia sobre gastos e inversiones de organismos son insuficientes. Es notoria la omisión de ejercicios legislativos orientados a certificar erogaciones y conceptos de pago, con estricta correspondencia entre enunciados y el uso de recursos, comprobación imprescindible para la máxima transparencia aunque existan, como ocurre, otras formas de inspección a cargo de entidades que no son independientes del Poder Ejecutivo o carecen de herramientas por falta recursos presupuestarios para cumplir su misión con máximos resultados; además de que registran a la fecha antecedentes de falta de rigor en algunos casos.

En lo congresual lo más visible es la lectura tardía y acrítica de las memorias que se depositan los 27 de febrero, una aceptación automática y de sello gomígrafo que hace recordar la aspiración confesada con otras palabras por esta administración: que las urnas parieran una matrícula legislativa mayoritaria de total lealtad al oficialismo. La afiliación a partidos políticos no exime a los congresistas de la obligación de ser más leales incluso a los mandatos de la Carta Magna. De ellos se espera apego a la funcionalidad de la separación de poderes para lograr que la democracia tenga vigencia y exista contrapeso con activa vigilancia sobre la hacienda pública.

Productores en desventaja

La ganadería de leche merece una atención de proyección nacional contra problemas de costos y rendimiento que impiden cubrir mejor el consumo y competir con el producto y sus derivados que provienen del exterior. Tiene que establecerse una política que cubra aspectos para mejorar la genética vacuna y las fincas. Muchas visitas «sorpresa» llegan a comunidades y hatos como respaldo oficial. Véase, sin embargo, lo lejos que se está de disponer de mucha leche de calidad. El país anda mal en un renglón arraigado en la economía; con gente que lo ha practicado toda la vida pero de insuficiente rentabilidad. Los productores, de modesta hacienda en su mayoría, necesitan asistencia del Estado para la adquisición de tecnología y mejores métodos de trabajo; con mayor acceso al crédito y límites razonables y graduales a la importación.