El inocultable aumento de la presencia haitiana en territorio dominicano es el más fuerte contradictor de las afirmación del Ministerio de Defensa que define como “bajo control” la situación en la frontera. Es una contradicción que mueve a gran preocupación, porque ciertamente estamos ante un aumento de la presencia de indocumentados, en momentos en que se alega una mayor vigilancia militar en la franja divisoria. El tráfico de indocumentados, principalmente del país vecino, luce más bien como un hecho irrefutable
Los indocumentados están ingresando al territorio dominicano y es obvio que lo logran a través de pasadizos fronterizos que, o están mal vigilados o están bajo control de quienes viven de este tráfico. La presencia es inocultable en ciudades y en la zona rural, y la reacción generalizada de preocupación no es un invento ni una percepción. En la ejecución de algunas obras del Estado la mano de obra haitiana es mayoría abrumadora. La presencia es notable en plantaciones agrícolas y zonas turísticas.
Frente a esta verdad, el Gobierno tiene que adoptar medidas. Con absoluto respeto de los derechos humanos, debe repatriar a los indocumentados y garantizar los derechos adquiridos por los inmigrantes con papeles en orden. Además, hay que investigar cómo tiene éxito un tráfico humano tan denso a través de una frontera “bajo control”.

Viviendas de bajo costo

La construcción de viviendas a costos alcanzables para los más pobres es una forma idónea de atacar la pobreza y poner la economía al servicio de la gente. De ahí la trascendencia del anuncio hecho por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, en el sentido de que el Gobierno hace los estudios necesarios para concebir viviendas cuyo valor máximo andaría por los 700 mil pesos, que serían construidas bajo el amparo del sistema de Fideicomiso. El plan incluye la adecuación a nivel nacional de casas cuyos pisos de tierra serían cambiados por cemento.
Este proyecto, que genera grandes expectativas, debería beneficiar, en orden de prioridades, a miles de familias que viven en zonas de alto riesgo y en estado de hacinamiento. Abogamos por la máxima celeridad en la materialización de estos planes de bien social.