Debemos partir de la premisa que la Junta Central Electoral (JCE), hasta el año pasado tenía como presidente del organismo al doctor Roberto Rosario Marqués, quien al frente de esta institución actuó como “hombre de horca y cuchillo”, manejando a voluntad al máximo organismo electoral de la República Dominicana. Su palabra era ley y debía ser acatada por los demás miembros de su equipo colegiado.
El hombre fuerte de la JCE tuvo la visionaria idea de que para los comicios correspondientes al 2016-20, el organismo debía contar con un equipo más sofisticado que pudiera garantizar la transparencia de los comicios; por lo tanto, empezó de inmediato a indagar compañías suplidoras para esos fines, para lo cual entró en contacto con la firma suplidora española Indra Sistemas, S. A.
Si bien es cierto que en España Indra es una compañía con cierto prestigio, el doctor Rosario debió antes de firmar el contrato de compra de los equipos tecnológicos consistentes en escáneres y tabletas captadoras de huellas digitales, investigar la historia del esta S. A., que en el año 2014 había sido contratada por el Gobierno de Irak por 130 millones para realizar los comicios, después de la salida de las tropas estadounidenses de su territorio y en cuyo desempeño no salió bien parada.
En el pasado, la caída vertiginosa de Indra después de los comicios iraquíes, en donde la compañía tuvo grandes problemas en el desarrollo de su negocio electoral, los gobiernos de Argentina y de Angola la contratan. Entonces, los presidentes de ambos países, Mauricio Macri y Joao Lourenço fueron acusados por la oposición de falta de transparencia en la contratación de los servicios electorales suministrados por Indra. Entonces, sin indagar sus antecedentes, el doctor Rosario Marqués firmó un contrato por US$39 millones para que sus escáneres y tabletas se utilizasen en las elecciones dominicanas.
Al no responder los equipos comprados a Indra, la JCE se vio en la obligación antes de suspender los comicios, recurrir al conteo manual de los votos, tal y como lo había hecho en las elecciones de 2008, 2010 y 2012.
En los comicios del año 2020 se presentaba la disyuntiva de utilizar los mismos equipos, aun fuera haciéndoles algunas modificaciones. Sin embargo, la JCE ha rechazado la utilización de los mismos, por considerarlos “inconsistentes y poco fiables”, ya que más de cien Juntas Electorales y las misiones de Observación Electoral, dieron informes negativos de la utilización de los equipos de Indra. Esta decisión de no utilizar los equipos informáticos de Indra ha sido tomada luego de que la JCE acogiera las recomendaciones de la Comisión de Asesores Informáticos.
La mayoría de los partidos que lidiarán en los venideros comicios del 2020; Servio Tulio Castaños, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS); Víctor “Ito” Bisonó y Rogelio Genao, del Partido Reformista han manifestado su conformidad con la decisión de la JCE de no utilizar equipos informáticos de Indra, ya que tendrían que ser modificados y adicionarles baterías más potentes, lo cual incrementaría el monto financiero.
De su parte, el doctor Rosario Marques afirmó que está dispuesto a defender las acciones que tomó. Sin embargo, estas han sido palabras echadas al viento. Su participación será en el futuro inmediato necesaria, ya que Indra está notificando a la JCE por la suma de US$13 millones, 927.17, remanente que según esa compañía, le debe por no haber satisfecho la totalidad de los 39 millones de dólares que contrató.
Es contraproducente que en la actualidad la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), está presionando a los contribuyentes para que se pongan al día con sus impuestos, y esa Dirección ni siquiera somete a los antiguos directivos de la JCE, para que respondan de ese adeudo que equivale a dilapidar la no deleznable suma de RD$1,872,000,000.00 pesos dominicanos. Lo peor del caso, es que estos equipos se han convertido en obsoletos y no tienen valor de venta. Doctor Rosario, al hacer el negocio del “capa perro”, deberá responder por esta grave malversación de fondos públicos. De no ser así, el presidente Medina podrá comprobar –si aun no lo ha hecho– que “hay vacas sagradas en su Gobierno”.