Una protección que ofende

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El pago de sobornos a funcionarios y políticos dominicanos por parte de la firma brasileña Odebrecht tiene, además de graves implicaciones morales, unos perjuicios económicos que probablemente inflarían la deuda externa del país. Es seguro que para repartir sobornos, la firma carioca inflara los precios y costos de las obras cuya asignación perseguía. Y es posible también que una que otra licitación de las obras asignadas a esa empresa haya resultado con salpicaduras de inmoralidad.
A pesar de todo eso y de que la firma cuestionada admitió que pagó los sobornos, cómo pretenden las autoridades dominicanas que se acepte como válido el ocultamiento de los nombres de los favorecidos con esos pagos y dejar las cosas como si nada hubiera pasado. Hay responsabilidades que no pueden ser ocultadas, a menos que al hacerlo, el Estado se esté declarando incompetente o timorato para actuar contra los actores de este caso de corrupción.
La Justicia de los Estados Unidos obtuvo las informaciones que quería y logró que Odebrecht se comprometiera a pagar una multa. Pero la actitud estadounidense no debe comprometer el interés que debe tener el Estado dominicano por sancionar a los responsables de las faltas éticas implícitas en el caso. Nuestra Justicia debe procurar nombres y detalles, y actuar con la ley en la mano como a veces promete y no cumple.

El desarrollo de las provincias

Al margen de las soluciones que resultan de las visitas sorpresivas del Presidente Danilo Medina a comunidades productoras, queremos ver una voluntad encaminada a desarrollar de modo integral las potencialidades de las provincias. Queremos ver una planificación sistemática para sacar a cada provincia de sus niveles de atraso, graves en muchos casos. En algunas demarcaciones de esta categoría abundan familias sometidas a condiciones de vida que no son compatibles con lo que debe ser la vida moderna.
Aunque no todas las provincias tienen las mismas potencialidades económicas, las brechas de pobreza entre unas y otras revelan la falta de una planificación integral enfocada en mejorar y tal vez nivelar las condiciones de vida. Hay que distribuir mejor las cuotas de inversión para el progreso.


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