Una sociedad presa del temor

Los dominicanos entramos al 2018 con los mismos temores de años anteriores, en que la criminalidad ha sido incesante factor de inseguridad. La sociedad sigue bajo el estrés y la paranoia no solo por la inocultable omnipresencia del crimen, sino porque no hay autoridad garante de tranquilidad y respeto. En todo la agenda de progreso que el Gobierno ha difundido para el presente año no hay elementos que estimulen la confianza de que mejoraría la seguridad de la gente y que funcionarían adecuadamente la prevención, el ejercicio de la autoridad y el régimen de consecuencias. No se avistan en esa agenda iniciativas que permitan creer que tendremos una justicia funcional en todos los órdenes.
Un elemento muy tormentoso para el ciudadano es la frecuente asociación de autoridades y delincuentes, sea para actuar físicamente en vías de hecho penadas por la ley, como asaltos o muertes por encargo, como para hacer posibles excarcelaciones de dudosa base jurídica, decididas por algunos jueces. Esto hace que la sociedad desconfíe de la autoridad sin discriminar entre sus representantes intachables, que los hay, y las manzanas podridas, que abundan cada vez más. El estilo de vida de los dominicanos ha cambiado por la persistencia de ese estado. Las desapariciones de ciudadanos no esclarecidas suman preocupación. Tener que cuidarse del delincuente y también de algunas autoridad es como para volverse loco.

La rémora del endeudamiento

La deuda por concepto de atrasos en los pagos a suplidores de bienes y servicios al Estado es, a su vez, una fuente de endeudamiento que atenta contra la estabilidad de micro, pequeñas y medianas empresas. De principio, es una causa de descapitalización que incapacita a las empresas para cumplir a tiempo sus acreencias con quienes les abastecen de materia prima y otros insumos, y por lo tanto un factor de morosidad que termina afectando el crédito del deudor y su capacidad de mantenerse como suplidor confiable.
El Gobierno tiene que mejorar su conducta en este aspecto, pues los atrasos en los pagos, además, son un contrasentido frente a las propias políticas oficiales para impulsar a las mipymes. El pago puntual debe ser una consigna invariable en esas políticas.