En el sector capitalino Loma del Chivo ha quedado reafirmada la vigencia maldita de un estado de terror impuesto por bandas de delincuentes fuertemente armados que se han multiplicado en todo el país. Esta vez fue segada la vida inocente del niño Gabriel Miguel Pérez Ortiz, a causa de una herida de bala en la cabeza.

La vigencia de ese estado de terror ya ha cobrado numerosas vidas y se manifiesta, además, por la huida de familias que temen ser víctimas de los criminales.

Si preocupantes resultan los acontecimientos promovidos y materializados por los antisociales, ¿qué decir de la falta de respuesta y aparente impotencia de las autoridades para frenar el furor criminoso que no da tregua y desafía a todos?

Hasta demostración en contrario –y ojalá sea pronto– son las bandas de delincuentes las que administran la tranquilidad en los barrios donde operan. Son esos grupos los que deciden cuándo matar, herir, atemorizar, robar, violar y hacer, impunemente, todo lo que les viene en ganas.

–II–

A esta situación le ha salido al paso el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, reclamando que el Gobierno cumpla su deber de garantizar la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos. También se ha hecho eco de los testimonios de sacerdotes de diferentes parroquias, quienes han dado cuenta de que numerosas familias han decidido mudarse para escapar de la violencia.

Es evidente que la vigencia del estado de terror e inseguridad no tiene como contrapartida una fuerte acción disuasiva de parte de las autoridades. A cambio de la retórica de los discursos, los ciudadanos requieren, como apunta el Cardenal, que el Gobierno cierta, real y efectivamente garantice seguridad.

Se está pidiendo que se actúe sin paños tibios y que, con apego a la ley y reconocimiento de derechos, se actúe contra la delincuencia para hacer valer el derecho a la seguridad y la tranquilidad que tienen los ciudadanos.

–III–

Los ciudadanos –o más objetivamente, los contribuyentes que costean con el pago de impuestos buena parte de los salarios de los policías– quieren algo más que retórica y discurso. El dicho, para estos casos, queda descalificado cuando el hecho es indiscutible contradictor, y aquí el lenguaje de las balas, con sus sangrientos efectos, está siendo más elocuente que los enunciados.

La impunidad se ha constituido en el mejor fertilizante, el abono más efectivo para la multiplicación del delito y quienes lo cometan.

En varios puntos del país, grupos e individuos de la sociedad han realizado manifestaciones y marchas contra la delincuencia y la violencia. A esos actos se han sumado autoridades, inclusive las que tienen por deber reprimir el delito y hacer cumplir las reglas de coexistencia armoniosa.

Parece que habrá que manifestarse específicamente para exigir a esas autoridades que trabajen y se esfuercen por descontinuar, de una vez por todas, la vigencia del terror que han impuesto las bandas de delincuentes en perjuicio de nuestras familias.