POR LEONORA RAMÍREZ S.
Alrededor de 6,000 unidades habitacionales construidas por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) en distintos períodos gubernamentales están ocupadas ilegalmente, informó la directora Alma Fernández.

Indicó que hay serias dificultades para enfrentar esos casos porque la mayoría de esas viviendas se asignaron hasta tres veces a diferentes personas.

“Cuando llegamos a la entidad encontramos que el 95% de las casas y apartamentos en construcción estaba ocupado y otorgado, por lo que decidimos hacer un censo para establecer la situación legal, social y económica de las mismas.

“Mediante esa investigación se determinó que hay 6,000 viviendas ocupadas ilegalmente, lo que quiere decir que no existen comprobantes que establezcan que quienes allí viven son los reales compradores,”  manifestó la funcionaria en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

De esa cantidad, precisó, el 80% tiene doble y triple asignación, que se arrastran desde gobiernos del fenecido ex presidente Joaquín Balaguer, del primer período del presidente Leonel Fernández y del gobierno del ex presidente Hipólito Mejía.

“Hay casos en los que aparecen títulos emitidos y encima de estos dos asignaciones y un ocupante ilegal. Es un problema realmente serio. Hemos consultado para resolverlo a la Consultoría Jurídica del poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia, porque no es fácil echar a la calle 6,000 familias que, aunque son invasoras, se trata de una situación de difícil manejo tanto en lo legal como en lo económico.”

Para enfrentar eso se requiere, a su entender, de  la intervención de más de una instancia del gobierno, porque no hay manera de reubicarlos en otros sitios de golpe y porrazo.

“No podemos ubicar a todos los que tienen asignación, título y un tercero ocupando ilegalmente la vivienda, eso desborda la capacidad del INVI,” indicó.

Fernández manifestó también que esa problemática abarca inconvenientes ambientales porque muchas de las unidades habitacionales no tienen servicios sanitarios, ya que las familias las ocuparon sin que estos estén listos, y citó como ejemplo uno de los proyectos Villa Liberación.

Los responsables de esas irregularidades no están únicamente en el INVI, como podría pensarse, sino en personas que se dedican a timar a ingenuos dominicanos que caen en esa trampa, dijo Fernández al destacar que, hace cuatro días, sometieron a la justicia a una persona que, en Bayaguana, se dedicaba a vender apartamentos de la Villa Olímpica de Monte Plata, los cuales ni siquiera han sido concluidos.

“A veces el engaño no es de la institución, sino de individuos que se dedican a engañar a quienes hacen un esfuerzo por adquirir una casa,” dijo.

Dio garantías que en su gestión no se repetirá esa situación, porque no reciben solicitudes para proyectos, sino que adjudican viviendas cuando ya están construidas.

En ese sentido, dijo que las 144 casas edificadas en Los Alcarrizos, en el municipio Santo Domingo Oeste, se entregaron cuando estuvieron listas.