La histórica Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional trazó la “raya de Pizarro” entre la mayoría que aspiramos a legar a las futuras generaciones una Patria soberana, sin conflictos étnicos; y del otro lado sectores con intereses espurios ligados a Ong; periodistas vinculados a una facción política, así como una comunidad internacional que pretende carguemos con Haití.

La sentencia del TC viene a poner un punto final e inapelable a los aspectos de la ciudadanía contemplados en la Constitución de 2010, la sentencia de la SCJ de 2005, la Ley de Migración y todas las constituciones vigentes desde 1929, aunque los opositores furibundos a la sentencia se nieguen asimilar que el término de “extranjeros en tránsito” es equivalente a un extranjero en condición de estadía ilegal e irregular y por tanto sus hijos no son dominicanos. En el caso de los descendientes de haitianos, en virtud de su Constitución, son haitianos.

La sentencia, aparte de definir de manera inequívoca a quienes corresponde la nacionalidad dominicana, establece las respectivas responsabilidades a la JCE y la Dirección de Migración, ordena otorgar documentos de identidad a los extranjeros residentes, en especial a los haitianos en su mayoría indocumentados y, lo más importante, llama la atención al Estado para que adopte una política migratoria, cuestión que no ha estado en la agenda de los diferentes gobiernos.

El plan de regularización busca resolver el estatus de los extranjeros ilegales, les otorga residencia y la posibilidad de obtener la nacionalidad de acuerdo a nuestras leyes. Mas humanitario no puede ser. Pero ese no es el problema. De lo que se trata es una conspiración de diferentes sectores que pretenden se otorgue la nacionalidad a todos los haitianos ilegales, como paso previo a la fusión entre las dos naciones, o que Haití permanezca como Estado independiente y nosotros un país con dos etnias a lo Ruanda. Así la RD cargaría el peso de un Estado fallido, mientras la comunidad internacional, esa que nos presiona, se desentiende de ese drama.

Los medios de comunicación en las últimas semanas reflejan el reforzamiento de las medidas migratorias en muchos países. “Gobierno Noruego aumentará deportaciones y endurecerá normas reunificación familiar” (El País, 30 de nov.). “Cameron endurecerá leyes migratorias en Gran Bretaña” (ABC.es, 27 de nov.). “Operación Frontex busca construyendo muros contener la inmigración ilegal en el sur de Europa” (Artículo del Embajador Víctor Grimaldi). “Bahamas deporta haitianos sobrevivientes de naufragio” (Hoy, 4 de diciembre). “Trinidad y Tobago impiden entren jamaiquinos por representar carga para el Estado” (Listín Diario, 3 de diciembre). ¿Por qué a la RD se le niega el derecho de aplicar sus leyes y la Constitución?

Una coalición de intereses ha decidido sumarse para chantajear el país y materializar los planes desarrollados durante décadas y han aprovechado el affaire de la sentencia para concretizarlo. Por un lado la CIDH, como instrumento de poderes globales, que ya desde 1999 calificó al país como “apartheid del Caribe”, decenas de Ong, financiadas desde el exterior, que nunca les ha preocupado el drama del pueblo haitiano; pero también intereses politiqueros.

Los que ayer, para lograr la ratificación del Dr-Cafta asumieron compromisos frente a Haití, los que perdieron las elecciones y no han logrado tumbar la popularidad del Gobierno y erosionar el liderazgo del Dr. Leonel Fernández, ahora han aprovechado este episodio para poner en ejecución una formidable campaña mediática para lograr sanciones económicas al país, que pondría en graves dificultades al Gobierno y al PLD; o presionar al Presidente Danilo Medina para que desconozca la sentencia, lo cual sin dudas provocaría un desplome de sus simpatías. No es accidental que el equipo mediático del PPH esté totalmente integrado a esta campaña contra el país.

El Presidente de la JCE, Dr. Roberto Rosario, con su firme posición y los Jueces del Tribunal Constitucional, encabezado por su Presidente Dr. Milton Ray Guevara, han rendido un servicio inestimable al país y por eso las mayorías y la posteridad se lo reconocerán. Las responsabilidades quedan a este Gobierno y los que le sucedan.