Unos derechos en contradicción

El cese de la reciente paralización de profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo constituyó un revés para unos miles de huelguistas; pero resultó de alivio y conveniencia para muchos miles de estudiantes y a más gente aun en el seno de la sociedad que sensatamente prefiere ver a la juventud concentrada sin interrupciones en sus estudios. El futuro de profesionales útiles al país pasa a riesgos con aulas cerradas. El derecho ciudadano a demandar aumentos salariales para un sector, aun siendo legal, no debe situarse sobre el derecho al estudio y al progreso de una mayor parte de la sociedad. Fue importante que quedara en evidencia que la huelga universitaria carecía de apoyo entre los propios reclamantes que se resistieron al paro con respaldo de la opinión pública.
Este desenlace debe iluminar a las seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores que han convocado a un paro hoy en dos regionales para oponerse al sistema de ternas en vigencia para escoger directores. El enfrentamiento no debe impedir que miles de alumnos del sistema asistan a la docencia que hoy incluye beneficios mayores para la niñez gracias a programas de alimentación y tanda extendida. Los maestros deben argumentar en contra de las ternas sin negar la enseñanza ni insubordinarse en forma extrema ante la autoridad que los rige y puede decidir la forma de contratar directivos en el área.

La mejor cara de la moneda

En posesión de herramientas nuevas contra la evasión, e incluso el lavado, y con mecanismos recaudadores ampliados, la Dirección General de Impuestos Internos redobla esfuerzos para captar lo que legítimamente corresponde al Fisco, estrategia que haría innecesario crear más tributos reforzando los que existen y reduciendo la dependencia de impuestos al consumo que perjudican a los que menos tienen. Bien por esa parte. Véase la otra cara de la moneda en materia fiscal que mucho preocupa: el uso de los recursos obtenidos ante la obligación legal y moral de hacerlo con transparencia y bajo normas de protección al patrimonio público. El gasto debe estar justificado por la calidad de lo que el Estado paga. Nunca en demasía ni en falta de correspondencia con el valor real de lo adquirido y acogiéndose a lo prioritario. Un pacto fiscal debe garantizarlo.


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