Dentro de días, antes de finalizar el mes, la Unidad para el Reordenamiento de La Barquita y Entorno (Urbe) iniciará la desocupación y compensación de las 1,400 familias más vulnerables de los barrios capitalinos La Ciénaga y Los Guandules, sin intermediarios, etapa que culminaría a más tardar en diciembre.
José Miguel González Cuadra, director ejecutivo de Urbe, informó que las familias del proyecto Domingo Savio recibirán entre RD$300 mil y RD$3 millones, dependiendo de la calidad de la propiedad.
Afirmó que las acciones serán sin intermediarios, porque la minoría no va a decidir lo que beneficia a la mayoría, en alusión a los dirigentes comunitarios de la zona que pretenden mediar en el proceso.
“Nosotros no vamos a ceder, eso será directamente con la persona, así lo hicimos en La Barquita, con ellos es que vamos a llegar a acuerdo”, sentenció.
Alertó que llegó el momento de proceder, porque además se trata de unos barrios muy politizados, lo que no va a permitir, ya que Urbe es una entidad totalmente apolítica, que trata de resolver los temas más conflictivos dentro de los barrios.
Asegura que de aquí a diciembre la zona estaría despejadas e iniciados los trabajos del proyecto Domingo Savio que para este año cuenta con un presupuesto de RD$2,000 millones, aunque la inversión para el proyecto completo es de RD$4,000 millones.
Informó que el censo de las familias está listo, mientras un equipo de abogados, encabezado por Laura Acosta, trabaja en la legalización de las propiedades, ya que la intención del proyecto es que cada vivienda tenga su título.
Precisó que el 80% de los terrenos fueron declarado de utilidad pública y aproximadamente el 20% es propiedad privada con quienes el Gobierno está en proceso de negociación.
Señaló que entre los barrios La Ciénaga y Los Guandules existen alrededor de 15 mil viviendas, en lo que habitan 42 mil personas.
Explica que en la primera etapa trabajarán con las 1,400 viviendas, que son las más vulnerables, aquellas que están prácticamente en terrenos del río Ozama.
Sostuvo que con cada una de las personas que habitan en esas propiedades Urbe ha tenido contacto, ya que no son decisiones generalizadas, sino que se trata de cada caso en particular.
Atención especial. “Cada inquilino los estamos atendiendo, revisando cada uno de los expedientes y va a tener una atención diferenciada, dependiendo de la condición de su vivienda y unos parámetros que hemos establecidos”, explicó.
Señaló que Urbe hará un proceso similar a lo que se hizo en La Nueva Barquita, que acompañó a las familias en el traslado a su nuevo hogar, ordenado y organizado.
Sostuvo que cada una de las familias ha escogido el lugar donde sería trasladada, casi todos se quedarían cerca de la zona donde habitan actualmente, pero fuera del peligro, no solo de inundaciones, sino además de enfermedades.
Los cheques. Informó que el cheque de pago a las familias a ser desocupada se hará el mismo día del traslado, que oscila entre 300 mil hasta tres millones de pesos, que depende de las condiciones de la propiedad.
Explicó que en el caso de que un día Urbe tenga programado mudar a 25 familias y por alguna razón una se resista este tendrá que respetar lo que quiere la mayoría.
Admite que muchas de las decisiones que toma el Estado no son graciosas, pero en este caso cuando se vean los resultados, asegura, todos estarán satisfechos.
González Cuadra estuvo acompañado de la coordinadora de Urbe, Patricia Cuevas; de Guillermo Milán, de estadística; Millet Juan, encargado del proyecto, así como Gisela Mejía, de la parte social.