El Centro Bonó (CB) urgió la pertinencia de una ley de responsabilidad fiscal que garantice reglas claras, transparentes y equitativas que obliguen al Gobierno a manejar de forma eficiente y sin opacidad los ingresos y el gasto y ponga límite al endeudamiento público.
En su análisis de coyuntura con el tema Pertinencia de una Ley de Responsabilidad Fiscal, el economista Miguel Collado Di Franco, Roque Félix y Guadalupe Valdez, coincidieron en que si hubiese existido la Ley de Responsabilidad Fiscal no se hubiesen producido los actos de corrupción que se debaten actualmente como el de los sobornos por Odebrecht, sobre evaluación de Punta Catalina, caso Tucano y otros.
En esta ocasión, el análisis tuvo como invitado especial a Miguel Collado Di Franco, economista senior del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), el cual disertó sobre la propuesta de ley de responsabilidad fiscal que CREES ha presentado al país junto a la Fundación Institucionalidad y Justicia y un grupo de congresistas.
Collado Di Franco indicó que las finanzas públicas deben ser razonables, equilibradas y sostenibles, manejadas en base a mandatos claros de transparencia y rendición de cuentas que delimiten el uso que los servidores públicos pueden darle a los recursos bajo su administración y hacerse responsables por ello.
Manifestó que el problema fiscal es el principal desafío que tiene la economía dominicana, sobre todo, a partir del 2012, con el llamado hoyo fiscal, por lo que de ahí surgió la urgencia de reglas claras para que episodios como ese no se repitieran.
Por eso dijo que en el 2013 se introdujo en el Congreso el proyecto de Ley sobre Responsabilidad Fiscal, que no ha sido aprobado por falta de voluntad política del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional.
Señaló que esa Ley contendría reglas fiscales para poner en orden las finanzas públicas, en que el gasto público tenga limitaciones en el crecimiento del déficit y donde el endeudamiento tenga un límite.
Advirtió que por falta de reglas claras ya la deuda pública representa un grave problema para las finanzas, ya que para este año alrededor del 25% de los ingresos tributarios tendrá que ser destinado únicamente para el pago de los intereses.
La exdiputada nacional Guadalupe Valdez lamentó que a cuatro años de ser sometido al Congreso el proyecto siga engavetado en los archivos de la Cámara de Diputados. “Entonces, la falta de voluntad política no es solamente del Poder Ejecutivo, sino también del Congreso, de los congresistas, cuando no colocan temas como este en las agendas fundamentales del país”, manifestó.
Recordó que la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal es uno de los siete elementos que plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) con respecto al Pacto Fiscal que debió efectuarse a más tardar en enero del 2015.
Roque Félix, director y vocero del Centro Bonó, exigió que las autoridades pongan en marcha reglas macro-fiscales que mejoren la calidad, transparencia y desempeño de la administración financiera del Estado y que sancione de manera ejemplar y justa los actos de corrupción política y administrativa.

Félix señaló que en la presente coyuntura que vive el país, marcada por las denuncias de sobornos de Odebrecht y por la falta de claridad y transparencia en la inversión de las plantas eléctricas de Punta Catalina, la población ha perdido la confianza en los responsables de la administración de las finanzas públicas.
Consideró que para recuperar su dignidad ciudadana exige una persecución efectiva al Ministerio Público y una sanción ejemplar y justa a los tribunales de justicia.
“En este contexto, hablar de responsabilidad fiscal nos obliga, no solo a exigir reglas fiscales claras para concertar topes en déficit fiscal, o metas en el incremento del gasto corriente y en el nivel de endeudamiento público, sino que además debemos convenir compromisos firmes para sancionar la corrupción, invertir el fardo de la prueba en los casos de enriquecimiento ilícito y del lavado de activos”, sostuvo Félix.
De igual modo, aboga por hacer más eficiente y sostenida las reformas institucionales que el país necesita para mejorar la coherencia entre los planes plurianuales, las metas de desarrollo inclusivo y la programación y ejecución del presupuesto nacional”, indicó el vocero del Bonó.
En la actividad participaron decenas de organizaciones de base comunitaria y líderes y activistas de los movimientos sociales que promueven los derechos humanos, económicos y sociales y de movimientos cívicos que luchan por la transparencia y por el fin de la corrupción y la impunidad.