Logrado el 4% del PBI en el presupuesto para la Educación, el efecto en lo material impresiona con muchas nuevas aulas y otras realizaciones físicas. En cambio el aprendizaje, medido en el tercer grado de Primaria, arroja resultados que plantean un gran desafío con solo un 12% del alumnado en desempeño satisfactorio en Lengua Española y un 27% en Matemáticas, diagnóstico que vale tanto para escuelas públicas como privadas incluidas en vasto sondeo. Se confirma que no basta con disponer de más herramientas y recursos para lograr un vuelco favorable en la forma de educar y para no seguir encontrando por doquier a niños que cinco años después de iniciada la Era de más atención a la Educación, carezcan del conocimiento que corresponda a su nivel.

La fase ya iniciada en la que el sistema pone más énfasis en la formación magisterial y en perfeccionar procesos docentes tendría que llenar su cometido en un máximo porcentaje para que el aumento presupuestal logrado para el sector educativo arroje los frutos que urgentemente se requieren. Que se vea que la conquista valía la pena. El diagnóstico, impresionante por lo negativo, compromete mucho a los maestros. Son ellos los que en esta radiografía cargan con buena parte de las causas de ineficiencia, que deberán superar con esfuerzo y dedicación. El balance está muy en rojo también para ellos, en los que descansaría el éxito… o el fracaso.

El usual déficit de consecuencias

Históricamente ha faltado en este país una fiel relación de causa y efecto entre la falta o crimen cometidos y las correspondientes sanciones. La sociedad considera positivo que el Poder Judicial proceda contra jueces por alegados incumplimiento de sus deberes y obligaciones o por incurrir en faltas graves. Una demostración, no tan común como debiera ser, de interés por arreglar las cosas.
Ese proceder disciplinario y sancionador debería ser complementado con envíos a juicio cuando las incriminaciones incluyan elementos suficientes para un tratamiento penal. Las acusaciones mayores tienen que ir a parar a lo «oral, público y contradictorio» con el Ministerio Público jugando su papel, sin omisiones ni excepciones. Los hechos deben ser probados para bien de la Justicia y de los propios encausados.