De nuevo, estamos ante graves denuncias sobre cómo determinados sectores de la clase política hacen uso privado de los recursos públicos. Por un lado, el sector mayoritario del PRD acaba de hacer público cómo, desoyendo la opinión de su Gerencia de Análisis de Crédito, el Banco de Reservas autorizó, en diciembre del 2011, un préstamo de 585 millones de pesos, a favor de Miguel Vargas, en plena campaña electoral por la Presidencia de la República y por otro lado, algunos candidatos perdedores en las elecciones internas del PLD, denuncian que fueron derrotados por el dinero del Estado.

El uso los recursos públicos para promover proyectos personales y particulares no es noticia en este ni en la mayoría de los países. Lo que sí es noticia y naturalmente un bochorno, en cualquier país que se gobierne con un mínimo de decencia y pudor, es que en plena campaña electoral una institución bancaria de carácter público beneficie con un préstamo personal al presidente de un partido. En este caso, la razón principal fue que el sujeto en cuestión estaba haciendo una labor de zapa contra el candidato de oposición

Las condiciones y contexto político en que se aprobó el préstamo no dejan duda alguna de que se hizo con la clara intención de torpedear la candidatura del entonces candidato presidencial del PRD, Hipólito Mejía, aprovechando el hecho, como todos sabemos, que Miguel Vargas y algunos de sus seguidores, con acciones u omisiones hacían causa común con el candidato del partido oficial. En tal sentido, el único soporte que tenía el referido préstamo era su rentabilidad política para el Gobierno de turno, como se ha demostrado, lo cual evidencia una de las más bochornosas acciones de corrupción política.

Podría establecerse que ningún banco privado haría un préstamo de tan cuantiosa suma a un eventual cliente de categoría D (de pocas posibilidades crediticias para honrar el compromiso contraído), pero si en verdad queremos construir una sociedad basada en un régimen de consecuencias, debemos exigirle a todas las instituciones del sistema bancario y financiero del país que se pronuncien sobre tan vergonzoso acto de corrupción política/financiera, al tiempo de exigir una sanción legal, política y moral al beneficiario del préstamo, como a los funcionarios e institución responsables de su aprobación.

Él préstamo en cuestión constituye una de las diversas forma de pago para la compra de la franquicia del principal partido de oposición, algo impensable en cualquier país del mundo y otro indicador del porqué somos uno de los tres países más corruptos del mundo. Es erróneo pensar que esa compra sólo le incumbe a las partes envueltas, sobre todo a la más afectada: el PRD. Le concierne a toda la sociedad y de manera particular a quienes hacemos política fuera o dentro las estructuras partidarias.

En prácticamente todos los procesos electorales del país, políticos, gremiales, etc., el uso indiscriminado de los recursos, particularmente del Estado, distorsionan la voluntad de los electores. Ese préstamo y las denuncias de algunos perdedores del recién finalizado proceso de elección interna del PLD, así lo evidencian. Evidencian también qué es lo que realmente amenaza esta nación.