Vamos por el camino malo

A los alarmantes bajos niveles de rendimiento escolar, del abandono del Estado de su responsabilidad de brindar educación de calidad a toda la población, se suma las denuncias de varios maestros y directores de escuelas públicas del incremento del pandillerismo y la criminalidad en algunos planteles escolares que involucran a sus estudiantes y adolescentes de las zonas aledañas. Un nuevo indicador de que vamos hacia la quiebra total.

Algunos estudios establecen que en nuestro país se producen 24.2 muertes violentas por cada 100 mil habitantes sólo superado por Sudáfrica (31.8), Guatemala (38.5), Belice (41.4), El Salvador (69.2) y Honduras (92.6) entre los llamados países de desarrollo medio. Existe una relación entre bajos niveles de la educación de una sociedad e incremento de la criminalidad y también entre seguridad ciudadana y clima de inversión privada.

Nuestro índice de criminalidad está por encima de la media de la región de El Caribe y de Sudamérica, 20.1, aunque por debajo de Centroamérica, que es de 41. Por lo cual, nuestros más cercanos competidores como destino turístico tienen un mejor clima de seguridad ciudadana y recordemos el potencial turístico de Cuba y Haití.

Según Sergio Sarita, eminente médico forense, el 70% de las muertes en el país son violentas, estimándose que el 80% de esas muertes son de jóvenes entre los 17 y 29 años. A nivel internacional somos los peores evaluados en muertes por accidentes automovilísticos y por delitos en la administración pública.

La percepción de inseguridad en las regiones metropolitana y Norte del país es de 46.3% y 44.5%, respectivamente. Son las de mayores ingresos y allí se encuentran las dos ciudades de mayores ingresos, de menor cantidad de pobres en términos porcentuales, pero las de mayor cantidad de pobres en términos absolutos y junto a La Romana e Higüey en el Este, tienen los de mayores niveles de criminalidad.

Según estudios del Banco Mundial y del BID, el costo de la violencia en Centroamérica es de unos 6,500 millones de dólares, que equivale al 8% del PIB regional. Aunque aún estamos lejos de los índices de criminalidad de Honduras y El Salvador, el incremento de la criminalidad llevamos un ritmo peligrosamente sostenido y no ponerle costo, a través de medidas civilizadas de prevención, sin linchamientos ni “intercambio de disparos”, podría llevarnos a la ruina económica y de la sociedad toda.

No se ha hecho una cuantificación de los costes a nuestra economía del alto índice de deserción y bajo rendimiento escolar, del incremento de la inseguridad ciudadana y la criminalidad. Ese ejercicio se ha hecho en algunos países, estableciéndose además que en los espacios donde la seguridad ciudadana es baja, los inversionistas, nacionales y extranjeros, no arriesgan su capital y cuando lo hacen, no pocas veces es para lavado de activo que es otra forma de criminalización de la economía de la región o país donde se produzca.

El contexto en que aquí discurre esta situación tiene como eje central un Estado, una Justicia y un Congreso controlados por un solo partido, estableciéndose una estructura para delincuencial de la que hay que salir, para cerrar el camino del colapso total de esta nación.