Vargas Maldonado promete enfrentar la
corrupción en un gobierno dirigido por él

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El candidato presidencial Miguel Vargas Maldonado garantizó que, de ganar las elecciones  el próximo 16 de mayo, no permitirá la existencia de nóminas clandestinas en la administración pública.

Durante un acto realizado en el  municipio San Rafael de Yuma, en  la provincia La Altagracia, refirió que en un gobierno suyo no se repetirán los escándalos que caracterizan a la administración del presidente Leonel Fernández.

El  candidato del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) afirmó que será enérgico con la malversación de los fondos del Estado  porque, a parte de ser inmoral, el desvío de éstos se  les resta a las áreas de salud, educación, seguridad ciudadana, entre otros requerimientos.

Vargas Maldonado expresó que al término de este gobierno el presidente Fernández habrá dilapidado 20 mil  900 millones de pesos por concepto del pago  a dirigentes de los Comités de Base, Comités Intermedios y otros activistas  de su partido que no prestan ningún servicio al Estado.  

“Con  lo que habría correspondido de esa cantidad a Yuma,  Higüey y  a la región Este,  un gobierno trabajador y solidario como el que vamos a presidir habría construido una gran cantidad de obras de interés social, habría apoyado el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y a los productores agrícolas”.

Falta de ética.  El candidato perredeista consideró como una falta de sentido ético el hecho de que el gobierno negara la existencia de una “nominilla” cuyo propósito es fortalecer el proyecto reeleccionista del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).   

Sin embargo, destacó que  han tenido que reconocer que   utilizan el  dinero que pagan los contribuyentes para   financiar un programa clandestino sin precedentes en la historia política de la República Dominicana.

Los ejes de su gobierno. Vargas Maldonado  dijo además que la transparencia será la clave del gobierno que se propone dirigir.

“Porque no hay forma de presidir una gestión  como demanda la sociedad dominicana, si no es sobre la  base de un sistema de transparencia en toda la administración pública”. 

Asimismo, expresó que          su compromiso con todo el país está sustentado en el desarrollo de un gobierno honesto y transparente, cuyos soportes serán la firmeza de carácter y la fuerza moral  de su equipo de trabajo.

“En estos cuatro años el PLD no lo ha hecho  porque no han tenido la voluntad política ni el carácter requerido para adecentar la administración pública como demanda nuestra sociedad”.

Recorrido por el Este. 

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano realiza un recorrido de tres días por la región Este, el cual concluirá hoy en   la provincia de San Pedro de Macorís.

Las frases

Miguel Vargas M.

Al término de este gobierno, el presidente Leonel Fernández habrá dilapidado 20 mil  900 millones de pesos por concepto del pago  a dirigentes de los Comités de Base, Comités Intermedios y otros activistas  del Partido de la Liberación Dominicana  que no prestan ningún servicio en las instituciones públicas”.

La reacción de Ortiz Bosch

La ex vicepresidenta   de la República Milagros Ortiz Bosch consideró como  acto bochornoso  que una comisión del gobierno se ampare en las atribuciones constitucionales del Presidente para justificar el pago de salarios a personas que no trabajan en la administración pública.

 “Ciertamente, la Constitución da  atribuciones al Presidente de la República para designar funcionarios gubernamentales, pero es para que realicen funciones o trabajos,  en ningún momento nuestra Carta Magna autoriza al mandatario  usar los recursos que pagamos de impuestos  para dar  salarios por razones políticas, como demostró  la periodista Nuria Piera y certificó  la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE)”.

Ortiz Bosch se refiere a un documento entregado ayer a la JCE, en el que el gobierno considera que al emitir la resolución 001-2008, la Cámara Administrativa  se excedió en sus funciones al ordenar al Poder Ejecutivo el cese a los pagos políticos con fondos públicos, a través de la llamada nómina CB (Comités de Base).

El documento del gobierno alega que con su resolución,  la Cámara Administrativa entra en contradicción con las atribuciones que le confiere al presidente de la República el artículo 55 de la Constitución para designar a los secretarios de Estado y otros funcionarios públicos.

“Estoy  sorprendida de que para intentar defender esta escandalosa situación, se haya argumentado una atribución constitucional, pero más escandaloso aún es  que ese alegato haya sido escrito en un documento oficial”.

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