Varios legisladores favorecieron ayer la posibilidad de que los juegos de azar y las bancas sean incluidos en el proyecto de ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el cual ya fue aprobado por el Senado.
En ese sentido se pronunciaron los senadores de Samaná, Prim Pujals, y El Seibo, Santiago Zorrilla.
Para ambos aún es posible y factible la inclusión de las bancas, que fueron excluidas del proyecto aprobado en el Senado, a solicitud del senador Charlie Mariotti.
A juicio de Pujals, “si se considera que eso es un medio de lavar activos, lo que hay que hacer es incluirlo y conocerlo”.
Según Zorrilla, Mariotti propuso la exclusión de las bancas porque hacen “venta de números por separado y no manejan esos flujos” para entrar en la categoría de lavado.
En tanto, el diputado del Frente Amplio, Fidel Santana, realzó la necesidad de que las bancas ilegales sean legalizadas, y de que sectores como la construcción y los dealers también sean ponderados para su posible inclusión en el antilavado.
Los congresistas discurrieron sobre el tópico, tras participar en la reunión bicameral que estudia los proyectos de leyes de Partidos y Régimen Electoral.
El encuentro versó sobre el artículo 24 de ambas iniciativas, el cual trata de los derechos y deberes de los miembros de los partidos políticos.
Así lo explicó el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Lupe Núñez, luego de finalizada la reunión de trabajo.
Según él, ese artículo permite que los parciales de un partido puedan reclamar sus derechos y fiscalizar la distribución de los recursos que recibe la organización. También establece los deberes de los miembros.
El encuentro, efectuado en un salón de la cámara baja, no se limitó al conocimiento de dicho artículo. En efecto, también sirvió para que el delegado del Partido Reformista Social Cristiano ante la Junta Central Electoral, Tácito Perdomo, entregara la propuesta que hace esa organización a los proyectos legislativos que están en discusión.
Tras la entrega, Perdomo explicó que la propuesta consiste en un Código Electoral y consigna el voto electrónico y el voto en blanco, así como que el proceso electoral arranque el 1 de octubre del año, inmediatamente anterior al de los comicios.
Según él, es imposible establecer el voto preferencial para el nivel municipal, y hay que redefinir la proporción para elegir los diputados nacionales.
Plantea que las alianzas se hagan antes que la escogencia de los candidatos, y no acoge las primarias simultáneas de los partidos.