Diversos sectores reaccionaron ayer de manera diferente a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que negó la emisión de actas de nacimiento a los hijos de inmigrantes ilegales o de personas en tránsito y que declaró constitucional la ley de Migración. El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Luis Arias, calificó ayer como sabia y oportuna la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que señaló la ilegalidad de extender actas de nacimiento a hijos de indocumentados.

Asimismo, abogó por una reforma constitucional en la que el articulado sobre la nacionalidad vuelva a estar en concordancia con la Ley de Migración vigente.

En cambio, el candidato a senador del Distrito Nacional por el opositor Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Eduardo Jorge Prats, consideró jurídicamente criticable la sentencia porque entiende que el concepto internacional de tránsito no se refiere a los extranjeros que han formado familia o sentado raíces en suelo nacional.

Advirtió que la República Dominicana se arriesga a una nueva censura internacional, con todo lo que eso implica, porque contraviene los criterios expresados por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Sin embargo, uno de los litigantes en este proceso, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, dijo que la sentencia sepulta la discusión bizantina de si son dominicanos o no los hijos de inmigrantes ilegales.

El abogado constitucionalista consideró que la Suprema Corte sienta un precedente extraordinario porque aclara y resuelve el tema de la nacionalidad que se prestaba a una confusión.

Asimismo, el consultor Jurídico del poder Ejecutivo, César Pina Toribio, consideró que es correcta y oportuna la decisión de la Suprema Corte de Justicia. En ese sentido se pronunció también el secretario general del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, quien señaló que la sentencia es correcta y necesaria la sentencia.

A su vez, el movimiento cívico Participación Ciudadana deploró la decisión de la Suprema Corte, en cambio, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), consideró que la sentencia resuelve un debate de larga data sobre la nacionalidad de los hijos de inmigrantes ilegales.

De acuerdo con el coordinador de Participación Ciudadana, Luis Scheker Ortiz, el acta de nacimiento es una credencial de todo ser humano y ninguna persona debe estar indocumentada, ni arrastrar la culpa de sus padres.

Del mismo modo, el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM), que había llevado el caso ante la Suprema Corte, informó que le sorprendió del tribunal de rechazar el recurso de inconstitucionalidad que había interpuesto junto a otras organizaciones contra la Ley de Migración.

El padre José Núñez subrayó que la ley de Migración establece cosas que no están en la Constitución de la República.

En tanto, el procurador general Francisco Domínguez Brito, consideró que es favorable la decisión, aunque propuso una amnistía para legalizar a los haitianos y extranjeros que residen de manera ilegal en el país desde hace más de una generación. Sugirió asimismo dotar a los extranjeros de una identificación, aunque sin concederles la ciudadanía.

El recurso que pedía que se declarara inconstitucional la ley de Migración fue presentado por el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, y un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) el pasado 27 de junio. En tanto, el Comité Dominicano para la Solidaridad Internacional con Haití y un grupo de personalidades, encabezadas por el doctor Castillo Pantaleón, presentó el 30 de septiembre un una intervención de refutación al recurso.