La presidenta de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (Adafp), Kirsis Jáquez, consideró que de aprobarse tal y como ha sido concebido el anteproyecto que plantea la modificación de la Ley 87-01 de Seguridad Social elaborado por el Gobierno, se atentaría contra la seguridad jurídica, las finanzas públicas, crearía inequidad social y promovería la evasión y elusión a los aportes al sistema.
Sostuvo, además, que dicho anteproyecto de ley no contribuye a promover la diversificación de los fondos de pensiones y su impacto en la economía nacional, así como tampoco introduce mayor ni mejor protección social.

Las observaciones de la Adafp a aspectos fundamentales del anteproyecto están contenidas en un comunicado emitido por esa entidad, en el que expresan su confianza en que el presidente Danilo Medina, el ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo y demás autoridades llevarán a mesas de trabajo técnicas para que de manera conjunta se logre una reforma de la cual el sistema salga fortalecido.

Resaltó Jáquez que el anteproyecto de modificación a la Ley 187-01 no introduce cambio alguno que incremente las pensiones futuras de los trabajadores, tampoco la cantidad de personas protegidas y excluye una gran parte de los trabajadores actualmente cubiertos en la seguridad social, en especial aquellos de las micro y pequeñas empresas, quienes son justamente los más vulnerables socialmente.

Observa además que el proyecto elimina la obligación del Estado a otorgar el Bono de Reconocimiento a aquellos que cotizaron en las leyes 1896-48 y 379-81, desconociendo unilateralmente y de forma retroactiva los derechos adquiridos en seguridad social.
Dijo que el anteproyecto atenta contra la seguridad jurídica, porque el Estado determinaría unilateralmente dónde se invertirán y cuánto se invertirán los fondos de pensiones, y determinará también cuál será la rentabilidad mínima de las cuentas de los trabajadores.

Advierte, además, que eso significaría una virtual estatización del control de las inversiones de los fondos de pensiones de los trabajadores, lo cual no garantiza que serán invertidos en el mercado atendiendo al mejor interés en caso de no ejercer su libre elección.

Sostuvo que se pondría a discreción del regulador la forma en que se ejercen los derechos de afiliación y traspaso de los afiliados a las AFP, incluso el Estado determinaría discrecionalmente a qué AFP estará afiliado en caso de no ejercer su libre elección.
Refiere asimismo, que el anteproyecto propone que el Estado determina discrecionalmente los ingresos de las AFP, a la vez que establece nuevos costos en condiciones desconocidas, creando condiciones que podrían forzar la quiebra del sector para una virtual total estatización del sistema de pensiones.