En su reciente discurso de juramentación, el presidente Medina anunció que extenderá “por ley el sistema de veedurías en todas las dependencias del Estado”. Suponemos que eso incluye la Presidencia de la República. Si no, la ciudadanía debería empoderarse para declararse veedores de la cabeza del Gobierno; especialmente ante el discurso de marras.
Una adecuada administración del Estado requiere ponerle precio a las promesas presidenciales, sumarlas, agregárselos a gastos actuales para determinar si se dispone de recursos necesarios.
En ningún momento el mandatario demostró que disponía recursos para financiar sus promesas; ni si someterá su administración a cirugía mayor en gastos alegres y complacientes que están incurriéndose para convertir en superavitaria la fiscalidad deficitaria vigente. Y fue excesivamente tímido al referirse a la corrupción, equivalente a disminuir cobro de comisiones, reduciendo así gastos.
El único planteamiento esbozado al respecto fue “nos sentaremos con todos los sectores… para discutir… los mecanismos para mejorar el financiamiento del Estado”. No sabemos si esto significará aumentos impositivos mediante una reforma que no se vislumbra consensuada habida cuenta que en 2012 su Gobierno rehuyó sentarse a discutir un Pacto Fiscal.
O si se refiere a renegociación de recursos (tasas, plazos, etc.) obtenidos del sistema financiero nacional o a una mayor recurrencia a estos, incluyendo a Fondos de Pensiones teóricamente propiedad de trabajadores, encareciendo así costos financieros para producción nacional generadora de puestos de trabajo.
Ciertamente el FMI ha venido instando a mayor recurrencia a recursos internos, ante el creciente endeudamiento externo a ritmo tres veces más rápido que la economía, previendo posibilidades de saturación de fuentes externas.
Otras interrogantes justifican veeduría presidencial: ¿Bastará reglamentar ley de policía para mejorar seguridad ciudadana cuando otras leyes reglamentadas no se aplican? ¿Bastará crear nuevo Instituto para mejorar el tránsito y transporte cuando burocracias creadas no han solucionado problemas que debieron afrontar: medio ambiente, competitividad, consumidores, etc?
Contrario a discursos anteriores que ponía fecha, el Presidente ahora dijo que el problema eléctrico se resolverá “cuando entre Punta Catalina” sin que se sepa cuándo entrará por suspenderse fondos brasileños, negárselos organismos internacionales por razones ambientales y desinterés del sector privado de invertir en un proyecto sobrevaluado.
El Presidente anunció que “está impulsando la Ley de Partidos y Electoral” sin indicar a través de quién canaliza este impulso cuyos avances efectivos no se observan. Insistió en empleos creados o creándose, sin precisar si será por la economía o burocracia clientelista. Y sin explicar por qué los empleos creados no disminuyeron tasas que se mantiene igual que hace 16 años
El discurso justifica una veeduría presidencial por ciudadanos e instancias preocupadas por la suerte nacional. ¡¡¡MANOS A LA OBRA!!!