Velar por un traslado justo

La desocupación de terrenos muy vulnerables en diversos sitios del país ha sido reclamada continuamente, objetivo que ahora el Gobierno llevará a cabo sobre una parte de las orillas del Ozama con motivo del proyecto Domingo Savio. Una evacuación de tal envergadura debería garantizar un reasentamiento apropiado, provisional o no. El parámetro vigente para ese colectivo paupérrimo ha sido la erradicación de la vieja Barquita para lo cual, con excelente planificación y ejecución, las autoridades sentaron el elogiado precedente de colocar de una vez a los moradores originales en viviendas dignas. Ahora no existe ese propósito, surgiendo la posibilidad que la fórmula de indemnizar a los desplazados que se ha escogido equivalga a llevar de un sitio a otro a las mismas pésimas condiciones en que se encuentran.
Está previsto que esas familias se agencien nuevos lugares para habitar en la cercanía pero a mayor distancia del río, sin la certeza de que las autoridades comprobarán fuera de toda duda que en el entorno existe suficiencia habitacional para alquiler o de espacios para construcciones modestas pero adecuadas. A simple vista lo que se percibe es un entorno densamente habitado y pobremente urbanizado en el que no cabría más pobreza. Un reasentamiento a base de pago para mudarse debe generar solvencia en los afectados para dotarse prontamente de techos que sean apropiados a sus necesidades elementales.

Una brecha que debe reducirse

Detrás del crecimiento de la economía, visto como excepcional, obran, entre otros factores, la estabilidad monetaria y la baja o mal distribuida presión tributaria. El sector privado hace su parte con la producción creciente de bienes y servicios; una tenaz búsqueda de beneficios con no pocas muestras de creatividad para ganar dinero sin tener que compartirlo demasiado; y aun cuando estructuralmente el país no sea tan favorable como debería. Un crecimiento que no se refleja en más aportes al fisco, en parte por falta de confianza en la calidad del gasto. Decepciona además que el ámbito empresarial dominicano, progresista e innovador para los buenos negocios, no se encamine con responsabilidad social corporativa a facilitar la implantación de escalas salariales más justas en un país de notable desigualdad en materia de ingresos.