El empresario Víctor Castro, expresidente de los industriales de Herrera y dirigente de Marcha Verde, emplazó a Campos de Moya y a Circe Almánzar, presidente y vicepresidenta ejecutiva de la AIRD, a identificar a empresarios que respaldaban financieramente a Marcha Verde y retiraron su apoyo.
Campos de Moya, jerarca de dedo de Vicini, recientemente declaró que retiraba su concurso a Marcha Verde por juicios de valores frágiles, post informe de comisión designada por decreto del presidente Danilo Medina relacionado con el affaire Punta Catalina.
Resulta que los terrenos donde se construyen en Punta Catalina las dos generadoras eléctricas de 720 megas son propiedad desde hace un siglo de Vicini, que este día seis manifestó su disposición de negociar la venta de esa parcela suya.
Es la primera vez que este servidor tenga conocimiento, que se construya un inmueble en una propiedad privada sin formalizar previo un contrato con el land lord, el dueño de la tierra.
Víctor Castro profundizó su instancia conminando a Campos de Moya y a Circe Almánzar a diafanizar “la perpetuidad del tráfico de influencia, las indelicadezas corporativas, el enriquecimiento ilícito, la evasión y elusión fiscal y la impunidad, que deberían ser más preocupantes que la continuidad de Marcha Verde para el sector empresarial dominicano responsable”.
En esas precisiones hay tanta tela que cortar como en el antiguo santiaguense Bazar Parisién, y Víctor Castro, a quien no conozco, me recuerda a Marcos Falcón Briceño, aquel canciller del Gobierno del presidente Rómulo Betancourt, soltando en la Conferencia de Cancilleres de San José de Costa Rica, 1960, verdades como pedradas al generalísimo Rafael Leónidas Trujillo, acusándolo por el atentado fraguado por este contra Betancourt, que en un tris salvó la vida.