Contra todos los prejuicios y maledicencias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos celebra en estos días en la capital dominicana su 168 período de sesiones, a contrapelo del furor nacionalista que ha afectado la vida nacional en los últimos años y creado confusión en una parte apreciable de la ciudadanía.
Hay que darle crédito al gobierno del presidente Danilo Medina por haberle cursado la invitación para que sesione en el país y conozca de la situación de los derechos humanos en múltiples naciones del continente, atendiendo a la misión que le fuera encomendada cuando fue creada por los estados americanos en 1959 y ratificada una década después cuando fue adoptada la Convención Americana de los Derechos Humanos, y en ambos casos la República Dominicana puede reclamar la condición de cofundadora.
En sus ya casi seis décadas la CIDH tiene legítimos méritos en la promoción y defensa de los derechos humanos en el continente, tanto que aún siendo un instrumento de los estados, se ha ganado la animadversión de varios de ellos por no haber transigido en el cumplimiento de su misión, actuando con la independencia que le confieren sus estatutos, aunque sus miembros titulares son electos por la Asamblea General de la OEA..
El simple anuncio de que sesionaría en el país, disparó las alarmas del ultranacionalismo que la detecta por su persistente preocupación por los derechos de los dominicanos de ascendencia extranjera, en gran proporción haitianos, nacidos en el país y dejados en apatridia por decisión administrativa de la Junta Central Electoral posteriormente avalada por la histórica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
Si posteriormente adoptamos la Ley 169-14 que ha rescatado a gran parte de los decenas de miles de desnacionalizados se le debe en buena gran medida a la firmeza con que la CIDH defendió sus derechos, denunciando el despojo retroactivo de quienes habían recibido un estatus de ciudadanos dominicanos. Esa fue la decisión consensuada por el presiente Danilo Medina y adoptada por el Congreso Nacional ante un problema que superaba a mera condición de legalidad para inscribirse en un drama humano de magnitud.
Si fuimos obligados a adoptar esa legislación por el papel preponderante de la CIDH y otros organismos internacionales, deberíamos reconocer que su prestigio y fuerza internacional están por encima de las arbitrariedades, miserias y mezquindades.
Comisiones de ese organismo vinieron varias veces al país reclamando derechos fundamentales, desde la caída de la tiranía trujillista en 1961, tras el golpe de Estado del 1963 y durante la guerra civil y la ocupación militar norteamericana de 1965. También en 1991, en 1997 y finalmente en el 2013 tras la crisis de los desnacionalizados.
No es cierto que la CIDH se ensañara contra la República Dominicana como algunos han pretendido, simplemente cumplió su misión, como lo ha hecho en múltiples naciones por violaciones a derechos humanos, políticos y sociales, especialmente de lo que han dejado de los pueblos originarios del continente. Y sus denuncias y reclamos han chocado con miembros tan poderosos como Estados Unidos, México, Brasil o Argentina, durante tiranías y dictaduras y bajo nuestras precarias democracias.
En el caso particular de Estados Unidos sólo habría que leer el informe de la CIDH de junio del 2015 que denuncia graves violaciones a los derechos humanos en la prisión norteamericana de Guantánamo, pide liberación de detenidos sin acusaciones ni juicios, cese, investigación y sanción de torturas, traslado de prisioneros y reparación a las víctimas de abusos, concluyendo con la demanda del cierre de ese establecimiento.
La CIDH ha tenido muchos enemigos y la desidia de países miembros, salvándose por donaciones de naciones europeas y entidades internacionales. Hace sólo dos años Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Panamá ayudaron a superar su peor crisis financiera. Aunque algunos de ellos habían sido objeto de sus denuncias y reclamos.
En un mundo de tantas ignominias, siempre serán necesarias instituciones independientes que promuevan y defiendan los derechos humanos. ¡Que viva la CIDH!