Viva pide suspender frecuencia asignada a Altice Hispaniola

Abogado Miguel Valerio

La empresa de telecomunicaciones Viva depositó ante el Tribunal Superior Administrativo una solicitud de medida cautelar contra el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), con la que busca la suspensión inmediata del otorgamiento y uso de 20 MHz de frecuencias otorgadas a la empresa Altice Hispaniola.
Según explicó el abogado de la empresa, Miguel Valerio, el Consejo Directivo de Indotel cedió de forma graciosa y arbitraria las frecuencias, mermando la posibilidad de una competencia justa.
“Viva no entiende cómo se puede asignar unilateralmente, sin un proceso de licitación una frecuencia de 20 MHz a favor de Altice Hispaniola”, expresó el profesional del derecho.
Indica que una vez se anunció la resolución con dicha medida, se advirtió al Indotel que esa decisión traería distorsión al mercado.
Dijo que ya se han empezado a sentir los efectos en el mercado de las telecomunicaciones.
“Porque una medida correctiva de mercado no puede ser, regalarle a una empresa en desfavor de las otras, 20 MHz”, insistió Valerio.
Altice recibió el espectro radioeléctrico en las bandas 1720-1730 MHz y 2120-2130 MHz.

En el recurso se pide detener el uso de la frecuencia porque fueron otorgadas de manera ilegal, porque violan los principios de la libre competencia, pues nadie concurrió porque no hubo licitación y en tercer lugar, porque afectará directamente a los consumidores, porque es una medida que puede crear un monopolio cuando los precios puedan ser fijados por una sola parte.

La cautelar solicitada incluye que el tribunal, en caso de no suspender el funcionamiento de esa frecuencia, le otorgue a Viva la misma frecuencia otorgada a Altice.
Explica que la actuación irregular que dicen tuvo el Indotel representó a Altice un beneficio de 20 millones de dólares, en desmedro de la competencia.
Indicó que Altice ya tiene un espectro radial muy amplio, al fusionarse con Tricom.
Se espera que la presidencia del tribunal fije fecha para conocer la solicitud.
Sobre el caso ya hay un proceso contencioso administrativo que busca anular esa decisión, y el cual fue depositado en mes de diciembre de 2017.


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