Vivir tranquilos: una urgencia nacional

01_04_2017 HOY_SABADO_010417_ El País11 A

Un logro condicionado al cese de la corrupción impune, al desmonte del modelo delictivo proyectado desde el poder

Uffff, qué agobio, por favor, un respiro! Anhelo vivir tranquila, volver a transitar libremente sin temor al acecho de un asalto, de un crimen, sin la amarga sensación de permanecer enjaulada, enrejada, sin sentir pérdidas tan preocupantes como la desvalorización de la vida.
¡¡¡¡Vivir en paz!!!!

Un clamor nacional, tuyo, mío, de todas, de todos. Liberarnos del miedo y de la angustia, del dolor propio y ajeno por tantas vidas perdidas, por tantas familias desgarradas.
Un grito vehemente que no hallará respuesta bajo el imperio de la corrupción y de la impunidad, de la violencia y la criminalidad.

Necesitamos airear el asfixiante ambiente dominicano, ventilarlo con nuevas corrientes que oxigenen las pútridas aguas de la política corrupta con sus pactos de toma y daca, sus tránsfugas buscavidas. Nos urge el frescor de fuertes vientos que extraigan los troncos del patrimonialismo y quiebren los ramajes del clientelismo envilecedor.

“Vivir tranquilo”, como se denomina el programa contra la delincuencia que relanzó el Gobierno, requiere más, mucho más que llenar las calles de militares y policías con el plan de contingencia iniciado ayer que “pondrá en cintura a los delincuentes”. Precisará de mucho más que activar el “Plan Relámpago” del Ministerio de Defensa, pues, como ocurrió con programas anteriores centrados exclusivamente en la represión, después se escucharán los truenos.
Institucionalidad. Lograr la paz social exige respetar la Constitución y las leyes, fortalecer la institucionalidad, conquistar la independencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sanearlos y despolitizarlos, al igual que a las alcaldías, impulsando el desarrollo de las municipalidades como manda la ley que los rige.

Será preciso, finalmente, seguir un proyecto de nación que profundice los cambios democráticos, con la participación activa de la ciudadanía en los procesos sociales que sustenten una cultura de legalidad y paz.

Desempolvar y aplicar la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, la cual dispone el establecimiento de una administración pública eficiente y transparente, que rinda cuentas, racionalizando el gasto, poniendo fin al dispendio de los fondos del Estado.
Demandará, asimismo, descontinuar el contrabando, elusión y evasión fiscal, exoneraciones y privilegios, entre otros delitos de cuello blanco. Y que los recursos procedentes de impuestos impulsen planes de desarrollo, que retribuyan a los contribuyentes con servicios sociales de calidad.

Precisaremos de una economía con bases más productivas y competitivas, y que el fruto del crecimiento económico no sigan canalizándose hacia una élite política y empresarial. Lograr una mayor inclusión social, mejor distribución de las riquezas nacionales, de los bienes y servicios sociales, para comenzar a disminuir la brecha abismal de la desigualdad. Y, sin pérdida de tiempo, enfrentar la pobreza y la indigencia que padecen más de tres millones de dominicanas y dominicanos, no con programas clientelistas, nominillas, botellas y asignaciones monetarias que crean dependencia y parasitismo, sino con empleos productivos, con salud, educación de calidad y otros servicios.

Un gran reto. Transformar el sistema político, despojándolo de la corrupción y del sectarismo, forjar un nuevo liderazgo y un ejercicio del poder en beneficio de toda la población. Poner fin al descrédito de la partidocracia y del estamento estatal, lo que, como se ha advertido, a la postre terminarán de socavar las bases del sistema democrático dominicano.
Será indispensable que la corrupción no siga sustrayendo recursos destinados al desarrollo.

Transparentar las ejecuciones de los gobernantes, de los políticos tradicionales que se resisten a controles y regulaciones, al escrutinio de los fondos recibidos del Estado, dando largas a la aprobación de la proyectada ley de partidos.
Descontinuar la protección del narcotráfico y el flujo de dinero sucio hacia la economía, desde esa y otras fuentes ilícitas.

Reestructurar los organismos de seguridad, aplicar las reformas pertinentes en la Policía, que oficiales y rasos de la institución, de las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Control de Drogas dejen de involucrarse en el narcotráfico y la delincuencia, que sean parte de la solución y no del problema.
Poner en prácticas programas contra la violencia, la delincuencia y criminalidad que una y otra vez se ha recomendado en diversos diagnósticos.
Combatir la violencia reclama un programa integral bajo un esquema de seguridad ciudadana, de modo que el Estado proteja el derecho a la vida, el respeto a la integridad física, el derecho a condiciones de vida dignas. Desarrollarlo con participación multisectorial para enfrentar todas las aristas de este fenómeno, considerando sus causas en la familia, los factores sociales y económicos.
Para impulsar esas acciones es indispensable contar con la voluntad política y el compromiso de los gobernantes, de las instituciones del Estado a nivel nacional y provincial, la integración de la familia y la escuela, la participación de la sociedad civil, el sector privado, iglesias y organizaciones juveniles. Crear conciencia en la ciudadanía para que se perciba como sujeto activo en la configuración del problema y en sus posibles soluciones.