La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados avanza en el estudio del proyecto de ley que contempla un incremento de un 20 por ciento en las bebidas gaseosas. Voces a favor y en contra de la iniciativa legislativa se han expresado en torno a la propuesta del diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por Puerto Plata, Juan Carlos Quiñones, la cual busca reducir el impacto negativo de este producto en los infantes.
La Asociación Dominicana de Pediatría es partidaria del informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de que el consumo excesivo de estas bebidas puede afectar gravemente al ser humano.
En tanto, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) considera que este proyecto frenaría el crecimiento de ese sector, ya que ocasionaría grandes pérdidas, disminución en la inversión y pérdidas de empleos.
El estudio del proyecto está a cargo de las comisiones de Hacienda y de Industria y Comercio, que presiden Ramón Cabrera y Ulises Rodríguez.
La iniciativa legislativa busca imponer un 20 por ciento a las bebidas gaseosas, edulcoradas y energizantes y limita su embotellamiento a envases de 20 onzas.
Con ello se pretende desincentivar el consumo de bebidas.
“Las bebidas gaseosas y azucaradas no aportan beneficios para la salud y se constituyen como un factor determinante en el incremento de enfermedades como diabetes, obesidad e hipertensión arterial”, indica la propuesta del legislador, que preside la comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Explicó el congresista que las personas que consumen una o más gaseosas por día, ya sea dietética o no, tienen 50 por ciento más de riesgo de desarrollar el síndrome metabólico que con el tiempo traerá enfermedades cardíacas, infartos y otras patologías.
En su artículo 4, la iniciativa legislativa prohíbe a las empresas productoras de este tipo de líquido presentar comerciales cuando la audiencia infantil, en el caso de la televisión, supere el 35 por ciento.
No se podrá vender refrescos en las escuelas, colegios e instituciones de educación primaria a niños menores de 12 años, sin el consentimiento expreso de sus padres.