París. El grupo Volkswagen anunció hoy que en Francia hay 948.064 vehículos equipados con los motores afectados por la manipulación de datos de emisiones llevada a cabo por la compañía en todo el mundo.
Una portavoz de la empresa precisó a Efe que los coches afectados incluyen las marcas Volkswagen (574.259 unidades), Seat (93.388), Audi (189.322) Skoda (66.572) y Volkswagen Vehículos Comerciales (24.523) Los clientes de esos vehículos serán contactados “rápidamente en los próximos días”, añadió la portavoz, según la cual la compañía va a destinar un número de teléfono específico para gestionar el caso en el país.
La ministra francesa de Ecología, Ségolène Royal, que la semana pasada indicó que había encargado pruebas aleatorias para verificar que los coches de los fabricantes franceses no llevan dispositivos de trucaje, precisó hoy que esos controles se efectuarán en empresas de alquiler y en coches de particulares voluntarios.
En una entrevista en la cadena “France 2”, indicó que las pruebas no se harán a coches de concesionarios para que no se pueda sospechar que su elección es fraudulenta.
Las pruebas a ese centenar de vehículos incluirán tanto a marcas francesas como extranjeras, y se realizarán en particulares que han solicitado que su coche sea revisado y, de forma aleatoria, en las empresas de alquiler de vehículos.
El escándalo se desató después de que Volkswagen admitiera que unos once millones de vehículos de todo el mundo habían sido equipados con el motor de tipo EA189, en el que las autoridades estadounidenses detectaron un software capacitado para manipular los niveles de emisiones.
Esa polémica ha llevado a la ONG francesa “Ecología Sin Fronteras” a anunciar que va a presentar hoy una denuncia “por engaño agravado y puesta en peligro de la vida ajena”, en la que, aunque no se identifica el presunto culpable, según indicó a Efe un portavoz, se apunta a todos los fabricantes de diesel.
Esa denuncia se une a la interpuesta en junio por la misma ONG contra el Estado y los fabricantes automovilísticos en general por “puesta en peligro de la vida” debido a la polución del aire, y la organización pretende que el juez de instrucción una las dos demandas dentro del mismo caso.
Este nuevo paso judicial de la ONG constituye la primera denuncia presentada en Francia desde que se dio a conocer el fraude a mediados de septiembre.