La República Dominicana tiene que actualizar estrategias que le permitan mantener, expandir y mejorar el suministro de agua potable, y para esto el primer paso debe ser la micromedición del consumo. Es insostenible que la proporción de agua potable pagada siga representando un porcentaje muy por debajo de la servida a usuarios y consumidores. Es inconsecuente nuestro consumo supere los promedios de Europa, Estados Unidos y el Caribe como región.

A pesar de que las tarifas por uso y consumo del agua potable son muy bajas y no se corresponden con los costos reales del servicio, son muchos los que evaden el pago de lo que consumen. A esto hay que agregar que la falta de medidores individuales dificulta la cuantificación del consumo per cápita. La recuperación de los costos generados por el sostenimiento de este servicio es deficitaria y obligan a que la gestión necesite más subsidio de lo razonable.

Para empeorar las cosas, las facultades normativas y de trazado de políticas sobre agua potable están dispersas entre diversos organismos oficiales, lo que eleva costos y dificulta la sincronización de criterios. Definitivamente, tenemos que actualizarnos en este asunto y crear conciencia sobre el hecho de que la mejor manera de hacer sostenible y mejorar cada día más este servicio, es pagar por el agua lo que realmente cuesta.

Atención para el enfermo mental

Nuestra alta tasa de suicidios refleja un inquietante aumento de los padecimientos mentales en nuestra gente. La Sociedad Dominicana de Psiquiatría lo confirma al informar sobre un aumento notable de las visitas a consultorios psiquiátricos. Lo peor del caso es que ante estos acontecimientos no hay en el Estado una política de atención para gente con trastornos mentales, especialmente en el segmento demográfico de clase baja.

A pesar de que los tratamientos psiquiátricos son generalmente costosos, el sistema de seguridad social no reserva un tratamiento especial para la gente con este tipo de trastorno. Inclusive, no hay política oficial para los enfermos mentales que deambulan por nuestras calles, expuestos a todo riesgo. Tenemos un problema de salud pública y el Estado tiene que enfrentarlo con políticas que mejoren la atención de quienes padecen trastornos de esta naturaleza.