Vulnerabilidad de la frontera

Es tan diverso el cruce ilícito de gentes y cosas a través de la frontera domínico-haitiana que el primordial objetivo de las autoridades nacionales debe ser la persecución y desmantelamiento de las organizaciones criminales que, obviamente, por allí operan. Hay que dar por hecho que se trata de mafias del “llevaytrae” especializadas unas veces en el contrabando de bebidas alcohólicas, cigarrillos o drogas; otros traficantes tratan de llenar al país hasta de cosméticos y demás fruslerías de rara procedencia. La introducción de ajo en perjuicio de productores locales es un mal de toda la vida; mientras más grupos de la clandestinidad no paran de llevarse la floresta criolla hecha carbón o trozada en ramas de guaconejo para proveer industrias haitianas que la procesan para exportación. Lo último ha sido un enorme cargamento de residuos plásticos acompañados de basura recogida en los vertederos haitianos.
La frontera es franja para una gama de delitos bi-nacionales a cargo de consumados quebrantadores de la ley, inatrapables, y establecidos a ambos lados del límite geográfico. Las autoridades dominicanas asestan diversos golpes al movimiento de viajeros indocumentados y mercancías de malos fines, pero debe llegarse a quienes originan el mal en ocultamiento y con demostrada capacidad para burlar controles, con el agravante de que la contraparte haitiana raras veces cumple su papel.

Eso de quedarse con lo ajeno

Dejar de honrar las deudas pendientes con contratistas y proveedores es buen negocio para un Estado empeñado en realizaciones porque puede evolucionar con los valores que retiene para seguir pareciendo un súper-hacedor. Pero su morosidad tiende a descalabrar a los acreedores. Está visto que un ingeniero largamente sometido a impagos podría llevar su mirada hacia la cuerda del ahorcamiento o al pistoletazo. La gente de OISOE tiene experiencia. No pagar compromisos añejados, so pretexto de que pertenecen a administraciones anteriores, es una crueldad en desconocimiento a la continuidad de la función pública. Ningún sucesor en el poder tiene derecho a pasarle por encima a la institucionalidad irrespetando obligaciones de sus antecesores, desprestigiando el trato del Estado con terceros. ¿Dónde está la seguridad jurídica?