San Juan, .- Walmart ganó hoy, de momento, el pulso judicial que mantenía con el Gobierno de Puerto Rico por una subida de impuestos a las compras entre empresas matrices y sus filiales, que únicamente afectaba al gigante del comercio minorista y que amenazaba su permanencia en la isla.

El juez federal en San Juan José Fusté determinó este lunes a través de un fallo que el Gobierno de Puerto Rico, que cuenta con el estatus de Estado Libre Asociado a EE.UU., violó la Constitución estadounidense con la controvertida Ley 72, que Walmart llevó ante los tribunales el pasado diciembre.

Esa ley elevaba del 2 % al 6,5 % el impuesto que grava las compras entre las empresas matrices y sus filiales en la isla, lo que se conoce en inglés como “transfer pricing». Walmart alegaba que esa subida -que solo afectaba a esta empresa en todo la isla- prácticamente ponía en jaque su supervivencia en Puerto Rico, ya que los impuestos que tenía que pagar prácticamente se duplicaban y eran superiores a su ganancia neta.

Cargos directivos de la empresa en la isla consultados por Efe ya daban por segura una victoria en los tribunales, argumentando que se trataba de una cuestión de “sentido común” y que la ley se había hecho explícitamente para gravar las operaciones de Walmart. Para Fusté, con la aprobación de esa ley el Gobierno de Puerto Rico violó principios constitucionales estadounidenses relacionados con igual protección de las leyes, comercio interestatal y relaciones federales.

La decisión judicial tiene lugar después de que el pasado febrero se celebrara un juicio en la corte federal en el que las partes expusieron sus argumentos. Por parte del Gobierno puertorriqueño compareció el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, quien reconoció que la ley, que se hizo con la presión de la actual crisis fiscal, sólo afectaba a Walmart, compañía de la que esperaba cobrar cerca de 6 millones de dólares este año.

El Gobierno argumentaba además que el Tribunal Federal de San Juan debía rechazar la demanda de Walmart sobre la base de la Ley Butler, que establece que los tribunales federales de distrito no tienen jurisdicción para actuar en pleitos donde se cuestionan impuestos estatales.

Walmart argumentó, por su parte, que con la nueva ley la carga impositiva que tenía que soportar en la isla era la más elevada que debía afrontar en todo el mundo y criticaba que la legislación no afectara a ninguna otra compañía más que a ella.

La empresa -que cuenta en la isla con 55 tiendas de las marcas Supermercados Amigo, Supercenter, Sam’s Club, Walmart y Súper Ahorros, y emplea a unas 15.000 personas- rehusó hoy hacer declaraciones a la espera de estudiar en profundidad la decisión judicial. En su escrito, el juez también hace referencia a las dificultades financieras que afronta el Gobierno de la isla, con una Hacienda que en junio de 2016 registrará déficit en su cuenta principal de casi mil millones de dólares.

Ello explica, según apunta, que el Gobierno de Puerto Rico haya puesto en vigor “leyes y regulaciones que aseguran efectivamente que un gran contribuyente sea obligado a pagar un impuesto inconstitucional y luego reclamar un reembolso de millones de dólares».

“No nos agrada nada impedir bajo estas circunstancias vías de ingresos que van directamente al presupuesto general de Puerto Rico”, apunta el juez, que recuerda que “nosotros también somos ciudadanos de esta isla y también tenemos que sufrir las consecuencias de este desorden financiero en el horizonte».

Sin embargo, “el Gobierno no debe depender de impuestos que no le corresponden para tratar de pagar los servicios esenciales” a la ciudadanía, subrayó el magistrado. “Sólo una nueva dedicación hacia la competencia en el Gobierno, la honestidad en la Administración y la transparencia absoluta en nuestros asuntos nos puede llevar adelante.

De lo contrario, Puerto Rico, como un barco en una tormenta con el casco ya colapsando, no podrá ser salvado de forma alguna”, finaliza el juez. En su opinión, “la analogía con un barco que se hunde es apropiada” ya que, como dijo, “si el barco se hunde, el desastre es para las personas a bordo».

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, anunció hoy que apelará la decisión de Fusté, de quien apuntó que con su decisión “le quitó 100 millones al pueblo de Puerto Rico para dárselos a Walmart».